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Las denominaciones de origen ven con suspicacias su futura reforma en la UE

Las indicaciones geográficas (IG) y denominaciones de origen (DO) ven con suspicacias el reglamento que está preparando la Comisión Europea para reformar los regímenes de calidad en la Unión Europea (UE), por lo que desean que haya cambios

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La Comisión Europea (CE) adoptó en marzo una propuesta de revisión del sistema de indicaciones del vino, las bebidas espirituosas y los productos agrícolas para aumentar su utilización en la UE y lograr un mayor nivel de protección, especialmente en internet.

Bruselas espera que la Presidencia sueca de la UE inicie las negociaciones con el Consejo y el Parlamento europeos sobre esta cuestión en la primera mitad de 2023.

En declaraciones a Efeagro, el secretario de la Asociación Española de Denominaciones de Origen (Origen España), Federico Moncunill, considera necesario revisar las reglas europeas para «desatascar» la tramitación de las modificaciones de los pliegos de condiciones y las nuevas solicitudes, y para reforzar la normativa de los reglamentos comunitarios «en vez de debilitarla».

Uno de los asuntos que más ampollas levanta es que la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (Euipo) pase a gestionar esas figuras de calidad en lugar de mantenerlas en el marco de la Organización Común de Mercados (OCM), dentro de la Política Agraria Común (PAC).

LAS DENOMINACIONES ESPAÑOLAS QUIEREN NEGOCIAR

A nivel europeo, las asociaciones nacionales de indicaciones geográficas han rechazado la asunción de mayores competencias por parte de la Euipo, salvo Origen España (que representa a 83 indicaciones agroalimentarias españolas), que está a favor de la negociación.

Según Moncunill, la agencia europea debe mantener su papel administrativo y puede acercarse más a las IG, trabajar más con ellas y no cobrarles tasas.

Origen España también solicita la participación directa de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural (DG Agri) de la CE en la gestión de la política de las indicaciones geográficas, incluida la promoción del desarrollo rural, la sostenibilidad y la negociación de acuerdos bilaterales o multilaterales.

Reforzar la defensa de los nombres protegidos frente al registro de marcas y en internet, fortalecer las IG como herramientas de desarrollo rural y simplificar los procedimientos administrativos son otras de sus demandas.