La organización agraria, que lleva tiempo denunciando esta situación, ha insistido en la importancia de respetar las mismas condiciones de producción para evitar el encarecimiento de los productos agrarios europeos y fomentar la competencia desleal.
En un comunicado, han sostenido que el principio de reciprocidad es clave para la defensa del modelo agrario europeo y por ello ha pedido al Ministerio que forme alianzas con otros Estados miembros afectados para hacer un frente común.
Se trataría, han añadido, de impulsar en las instituciones comunitarias la exigencia del respeto a ese principio para asegurar que los consumidores europeos se benefician de altos estándares de calidad y seguridad, sea cual sea el origen de los productos y, para que estos estándares irradien a países terceros y promover beneficios globales.
Este principio, a juicio de La Unió, se debería respetar tanto en una dirección como en otra y pone como ejemplo lo sucedido en Brasil con la ciruela española, a la que se exige certificado fitosanitario que acredite su tratamiento con bromuro de metilo e inspeccionado y libre de Lobesia Botrana, prohibido en la Unión Europea, cuando el Bromulo de metilo es un producto altamente perjudicial para la salud humana y el medioambiente y prohibido su uso desde hace 15 años.
La organización ha criticado esta situación que pone en peligro la exportación de cerca de 15.000 toneladas de ciruelas de media anual cuando, por otro lado, en Europa se permite la entrada de productos procedentes de Brasil, a pesar de su tratamiento con productos, a priori, no permitidos.
La Unió también pone de ejemplo a Francia, donde se ha dado la prohibición del Dimetoato –igual que en España- para la lucha contra la Drosophila suzukii y, a pesar de que esta prohibición está aprobada desde junio de 2019, la Comisión Europea aún no lo ha reflejado en el nuevo reglamento.
Francia, que principalmente importa cerezas desde España y Alemania, donde también está prohibido este uso, ha visto cómo los costes de producción de su cereza, al igual que las españolas, se han incrementado porque sus agricultores no disponen de este producto y, en consecuencia, han visto reducida considerablemente su superficie de cultivo, un proceso que se apunta también para nuestro país.
Se trata de un hecho «paradójico», según La Unión, ya que por el contrario, se permite la entrada de cerezas de países terceros tratadas con este producto, lo que favorece su competitividad de este sector en ellos, mientras que en las zonas productoras de la Unión Europea deben reconvertir el cultivo por el incremento de los costes de producción y no poder competir con las producciones importadas.
Son dos muestras que evidencia la necesidad de que la Unión Europea defienda su modelo de agricultura frente a países que no respetan las exigentes normas europeas, según La Unió, que ha indicado que situaciones similares se pueden extender a requisitos ambientales, de bienestar animal o, incluso, de protección de los derechos y dignidad de las personas.
