La organización agraria ha trasladado a la AICA que inicie los controles e inspecciones requeridos para comprobar si la práctica de esas empresas vulnera lo establecido.
La AICA, que depende del Ministerio de Agricultura, ha recibido nuevas denuncias, entre las que se encuentra una referente a «una importante empresa» de la Comunitat Valenciana, a la que La Unió le acusa de modificar, en la primera cláusula del contrato, el calibre de la fruta a recolectar, además de una reducción del precio pactado inicialmente, dando lugar a una reducción del 73 % del precio previsto.
Para la fruta «que no cumple con un determinado calibre se establece la práctica, supuestamente ilegal, del pago a comercializar, es decir, sin un precio fijo y a expensas de la liquidación de la fruta por parte de la empresa y sin que se informe al vendedor, de los gastos que va a soportar y el margen comercial que va a aplicar la empresa a esa fruta», denuncia La Unió.
En su opinión, esta cláusula podría ir en contra de la Ley de la Cadena Alimentaria.
Además, La Unió acusa a la empresa de instar al vendedor de aceptar las modificaciones del contrato, pero crítica que no informe al vendedor de las consecuencias de que este no acepte el contenido de la adenda.
La organización agraria considera que con la buena previsión de la producción de este año, respecto a años anteriores, el hecho de que se pretendan rehacer tratos de compraventa pactados de antemano «suena a excusa barata y carente de justificación».
