La Unión Europea ha aprobado definitivamente el Reglamento de Envases y Residuos de Envases (PPWR), tras su adopción final el pasado 16 de diciembre en el Consejo, concluyendo así dos años de intensas discusiones y dejando un sabor amargo en el sector agroalimentario europeo.
Este reglamento incluye disposiciones que suponen un duro golpe para la cadena de valor de frutas y hortalizas, desde los productores hasta los distribuidores.
A pesar de meses de contestación unánime del sector hortofrutícola, las instituciones europeas han decidido ignorar sus argumentos. Estas medidas contradicen la intención de Bruselas de promover la reconstrucción del diálogo con el sector agrario, una promesa que hoy parece vacía.
Un reglamento que perjudica al sector hortofrutícola
El nuevo reglamento establece la prohibición del uso de envases de plástico de un solo uso para frutas y hortalizas frescas en presentaciones inferiores a 1,5 kg a partir de 2030, así como de pegatinas no compostables. Estas medidas no solo son discriminatorias frente a otros sectores, sino que también carecen de estudios científicos o de impacto que las respalden.
Cooperativas Agro-alimentarias de España ha advertido en numerosas reuniones y encuentros de sus graves consecuencias. Aumentará el desperdicio alimentario, tanto en punto de venta como en los hogares, ya que los envases contribuyen a la conservación de productos frescos y evitan su deterioro. Descenderá el consumo de frutas y hortalizas, como ya se ha demostrado en países pioneros en estas medidas, como Francia, además, habrá una pérdida de información para el consumidor, dificultando la identificación del origen, características y marcas de los productos, y provocará la desaparición de formatos de conveniencia cada vez más demandados. Lo que es más paradójico: esta norma aportará menos y no más sostenibilidad, al imponerse medidas arbitrarias sin evaluar alternativas en base al ciclo de vida de los envases.
Además, estas restricciones ignoran los esfuerzos del sector por reducir el uso de envases y avanzar hacia una gestión más sostenible, visibles ya en la amplia oferta de productos a granel y envases sostenibles y no superfluos.
Un enfoque arbitrario que genera inseguridad jurídica
El reglamento también permite una implementación desigual en los Estados miembros, generando un panorama regulatorio fragmentado dentro de la Unión.
España podría mantener normas más estrictas ya adoptadas, mientras que las excepciones para productos con riesgo de deterioro serán determinadas individualmente por cada país y no conjuntamente para toda la UE por la Comisión, quien solo publicará una “lista de ejemplos”.
Esto provocará una discriminación entre operadores y vulneración de la libre circulación de mercancías; sobrecostes e ineficiencias por la necesidad de adaptar la producción a múltiples normativas nacionales; inseguridad jurídica y desigualdad en el mercado único europeo.
Además, esta normativa dificultará el avance de las organizaciones de productores hacia la valorización, la diferenciación, la promoción de los productos de sus socios, que son precisamente los objetivos que han sido el quid de la PAC en el sector de las frutas y hortalizas, durante más de 30 años, a través de la financiación de los programas operativos (reeditados y reforzados en la última reforma).
Se trata por tanto de una normativa -por lo que respecta al sector de las frutas y hortalizas- desarmonizadora e incoherente con las propias políticas de la UE que tienen por objeto la lucha contra el desperdicio alimentario, la promoción del consumo de frutas y hortalizas, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad.
Las cooperativas hortofrutícolas esperan que las normativas nacionales no agraven aún más la situación. En España, a iniciativa del MITERD está publicado el Real Decreto 1055/2022 de envases y residuos de envases, que -además de otras muchas disposiciones horizontales- obliga a vender a granel de frutas y hortalizas por debajo de 1,5 kg, salvo para una lista de excepciones pendiente de ser definida. Cooperativas Agro-alimentarias de España espera que se suspendan los trabajos relativos a la adopción de dicha lista “española” y que no se apliquen reglas en esta materia aún más exigentes que las previstas por la UE antes de 2030. El hecho de que la norma que Francia (pionera en este tipo de regulación) decretó unilateralmente haya sido recientemente anulada por su Consejo de Estado debería incitar a suspender los trabajos también en España.
