a Cámara baja ha aceptado casi todas las enmiendas introducidas en el Senado, de las que muchas eran correcciones técnicas, revisando así en segunda lectura el proyecto de ley presentado por el Gobierno.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha expresado en el pleno su agradecimiento a los grupos parlamentarios por la tramitación de esta ley, que supone «un antes y un después en la regulación de la cadena agroalimentaria«.
En declaraciones a la prensa, Planas ha asegurado que la reforma es «la más importante» que se aprobará esta legislatura para el sector, si bien se necesitará un tiempo para ver sus efectos porque se trata de «un cambio de cultura muy profundo».
Entre los objetivos, ha mencionado los de lograr más transparencia en la formación de precios, mayor equilibrio entre eslabones y mejores instrumentos de negociación para los agricultores y ganaderos.
«Eso no va a garantizar que todos los problemas del sector queden resueltos, pero es un instrumento prioritario para tener relaciones comerciales a la altura del siglo XXI», ha declarado el ministro.
En una primera reforma de la ley en 2020 se introdujo la obligación de incluir en los contratos, obligatorios para las transacciones de más de mil euros, la indicación de que el precio pactado entre los operadores cubre los costes de producción.
La norma que hoy ha votado el Congreso tras un año de tramitación transpone la directiva europea relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones que existen entre empresas del sector agroalimentario.
Quedan finalmente contempladas situaciones específicas como la del plátano de Canarias o la posibilidad de que las cooperativas sustituyan el contrato por la fijación de plazos y términos de pago a los socios productores y de que en la primera venta en las lonjas de pescado la factura juegue el papel del contrato.
Reacciones
Las organizaciones agrarias COAG y UPA han valorado positivamente la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria aprobada este jueves por el Congreso mientras que la Federación de Industria de la Alimentación y Bebidas (FIAB) ha matizado que el texto final era mejorable.
Agricultores e industria han reaccionado así a la reforma de la ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que entre otras novedades prohíbe la venta a pérdidas y que ha superado su último debate en la Cámara Baja.
COAG ha celebrado en un comunicado los avances de la nueva regulación y ha insistido en la necesidad de un mayor control para aplicarla por parte de todas las administraciones responsables, porque «la situación actual es insostenible y el sector no tiene un minuto más» que perder ante el aumento de costes y la falta de rentabilidad para muchas explotaciones.
Según la organización agraria, se han dado pasos muy adecuados en la mejora de la posición en la cadena de agricultores y ganaderos ya que se consiguen avances, parciales o completos, en cinco de las seis principales reivindicaciones que ha defendido el sector primario.
Entre ellas, ha resaltado la prohibición de la venta a pérdidas, «un cambio sustancial al abrir nuevas vías de denuncia y control de esta práctica lesiva desleal» o la creación de un registro digital de contratos y la inclusión parcial del canal de hostelería y restauración.
Por su parte, UPA ha manifestado, en un comunicado, que la aprobación de la nueva Ley de la Cadena Alimentaria es un logro histórico de los «agricultores y ganaderos españoles«.
A su juicio, la ley restablecerá «el equilibrio perdido por unas relaciones de fuerza y capacidades de negociación totalmente asimétricas durante décadas».
«Es un logro de los agricultores que, con su esfuerzo, sus demandas y sus reivindicaciones durante los últimos años logran así una protección sin precedentes que sitúa a España a la vanguardia del sector productor en Europa”, según UPA, quien ha añadido que llega en un momento crítico, con muchos productores en situación límite y movilizándose, por lo que la ley se pondrá a prueba
Por su parte, la patronal de la industria alimentaria, FIAB, ha manifestado que había «margen de mejora» y que desde la Federación se había trasladado al Gobierno que la reforma de la Ley debería haber contemplado que los productos frescos y perecederos que se venden para transformación puedan aumentar los plazos de pago hasta los 60 días como el resto de los productos.
Según la industria, el artículo que más problemas de aplicación práctica va a dar y crea «más inseguridad jurídica» es el del coste efectivo del productor, «que será de difícil aplicación en general y especialmente el compromiso de que este coste lo tenga que justificar el comprador».
La industria ha concluido que esta propuesta de ley da un paso adelante en el buen camino, aunque habrá que analizar la aplicación práctica de la misma durante los próximos meses «para valorarla definitivamente».
