Así lo detecta el director general de la patronal Asedas -que aglutina a Mercadona, DIA y una decena de grupos regionales-, Ignacio García Magarzo, quien en una entrevista con Efeagro asegura que el sector no conoce las decisiones del Gobierno que afectan al sector hasta que son anunciadas públicamente, como ha ocurrido esta semana con la polémica creada por las salidas de menores.
«Si la atención a la infancia exige alguna excepción, deben detallarse la información y las recomendaciones por parte de las autoridades sanitarias. Una cosa es permitir el acceso a padres con niños pequeños -por ejemplo, que no puedan quedarse solos en casa- y otra que un supermercado sea un sitio adecuado para el esparcimiento de los menores», razona sobre la controversia.
Magarzo niega con vehemencia las especulaciones sobre una hipotética subida de precio de los alimentos que por el momento los datos oficiales tampoco reflejan, más allá de repuntes puntuales en algunos productos que vincula a cuestiones de temporalidad, como ocurre con algunas frutas cuya campaña se acaba y de las que entran al mercado nuevas variedades sensiblemente más caras.
«Todas las fuentes, empezando por el IPC, demuestran que hay una gran estabilidad en los precios. En algunos productos, cuya demanda ha aumentado mucho, las empresas están tratando de evitar al máximo las subidas o retrasarlas lo más posible. Habrá que ver cómo evolucionan en el futuro», incide.
En el sector se observa un incremento medio de la facturación de entre el 10 y el 15 % desde que comenzara la crisis, dato que palidece frente a unos costes disparados para los grupos de distribución, según el responsable de la patronal.
«El sector en absoluto está haciendo su agosto. Cifras de descenso de beneficios como las que se están dando -Mercadona informó de una caída del 95 % de sus resultados en marzo- son completamente lógicas. Los beneficios están por debajo de lo previsto en todas las cadenas», constata.
La culpa radica en una subida «exponencial» de los costes por los esfuerzos en logística (reforzando el transporte de almacén a la tienda), el pago de primas a la plantilla, el incremento de la contratación y la compra de material de protección y seguridad para clientes y trabajadores, entre otros factores.
«La adquisición de Equipos de Protección Individual (EPI) se hizo lo más rápido que se pudo, a un coste muy alto y con muy poca o ninguna ayuda (por parte de la administración)», apostilla.
En la bajada de beneficios influye también que los supermercados han priorizado el surtido de productos básicos, en la mayoría de los casos con un margen más reducido.
De cara a las próximas semanas y meses, pese a la previsible «desescalada» y el levantamiento de algunas restricciones, las cadenas esperan que el consumidor se comporte de forma parecida a como lo ha hecho en estas semanas de confinamiento por el temor a la COVID-19.
«Tenemos identificado el descenso del número de visitas a las tiendas y un incremento del tique medio: el consumidor va casi la mitad de veces y gasta prácticamente el doble en cada visita», avanza.
Otra tendencia al alza será la venta a través de Internet, que en el caso de la alimentación no superaba el 2 % del total y que con esta crisis se ha convertido en una opción más demandada.
«Algunas empresas están contratando a nuevos trabajadores para la elaboración de pedidos o, incluso, dedicando parte de sus instalaciones para atender pedidos ‘online’. No obstante, es difícil resolver el incremento de coste que supone la entrega a domicilio (…) Habrá que seguir trabajando para hacerlo sostenible», argumenta.
Magarzo hace un balance muy positivo de la respuesta de toda la cadena al que, en su opinión, ha sido «el mayor desafío de su historia», tras conseguir «dar tranquilidad» a los ciudadanos en cuestión de pocos días y garantizar que no faltaría comida en los lineales.
