En medio de la desolación provocada por la muerte de 69 viajeros con destino a mi ciudad me acuerdo de la convocatoria de una huelga general para el 11 de noviembre, día grande del sorteo de la ONCE. Menudo tino.
Desde nuestra Constitución del 78 se han convocado varias huelgas generales por los sindicatos legitimados para ello y en base a las condiciones laborales de los trabajadores a los que representaban. Contabilizamos 8 sin la actual convocatoria, 5 contra gobiernos de la izquierda y 3 contra gobiernos de la derecha. Todas frente a medidas gubernamentales de carácter laboral. Podríamos discutir su acierto pero eran convocatorias legales y legítimas de sindicatos representativos de los intereses de los trabajadores para hacer presión al Gobierno del momento.
Ahora estamos ante un escenario diferente. La convocatoria partió de una asociación denominada Sindicato de Inquilinas que no es un sindicato de trabajadores. Está registrada en el registro de asociaciones de la comunidad de Madrid desde julio de 2018.
En base a los acontecimientos que rodearon el desahucio de una señora de 87 años consideraron que la situación de la vivienda en España era insostenible y requería de una respuesta a la altura del problema. La Huelga General. Sin embargo la asociación no está legitimada para convocarla. No es un sindicato y no representa a trabajador alguno.
Han sido diversos sindicatos (UGT y CCOO como más representativos) los que la han convocado. La pregunta es frente a quién. De qué Gobierno demandan medidas para considerar la posibilidad de anular la convocatoria si son atendidas las reivindicaciones cuando estamos a las puertas de unas elecciones, precisamente para cambiar el Gobierno.
Las anteriores huelgas generales contenían unas reivindicaciones laborales concretas frente a las medidas gubernamentales que consideraban los sindicatos que vulneraban los derechos de los trabajadores. Si hubieran sido atendidas sus reivindicaciones, la huelga se hubiera desconvocado. Nunca ha sucedido pero existía la posibilidad.
Es cierto que hay una reivindicación sobre el aumento de salarios para acceder a una vivienda digna pero el núcleo de las demandas se centran en la petición de medidas sobre el mercado de la vivienda, propias de un partido político o de una asociación civil como el Sindicato de Inquilinas.
Los sindicatos convocantes son los que negocian los salarios de los trabajadores con la patronal. No negocian con el Gobierno, excepción hecha de los empleados públicos. Y es cierto que los salarios de los trabajadores se han devaluado con respecto a la inflación y es cierto también que el acceso a la vivienda es una quimera.
Pero son los propios sindicatos los que no deberían relacionar salarios con vivienda, es una asociación muy peligrosa.
La política de vivienda corresponde al Gobierno elegido democráticamente y a éste se le deberían exigir medidas que faciliten el camino hacia alquileres asequibles a los salarios existentes o hacia la compra de viviendas públicas con precios relacionados con el nivel de vida de los trabajadores. Esta sería una reivindicación justa y además necesaria.
Pero ¿Cual es la posibilidad de desconvocar esta huelga general? ¿Quien puede atender las demandas contenidas en la convocatoria?
