Se trata de un dato significativo ya que, según ha señalado la Generalitat mediante un comunicado, el aumento de los cítricos protegidos por la IGP durante los ejercicios precedentes alcanzó proporciones récord del 70 %.
El director general de Desarrollo Rural, David Torres, ha destacado que estos datos «reflejan la apuesta creciente del sector por la diferenciación de sus productos frente a la competencia que ejercen las naranjas y mandarinas procedentes de terceros países».
Esta evolución positiva, que situará la producción amparada por esta figura de calidad en torno a los 18 millones de kilos, se ha puesto de relieve durante la reunión de trabajo mantenida por el director general con el presidente de la IGP, José Barres, y el director gerente de esta entidad, José Enrique Sanz.
«El hecho de que los operadores comerciales estén reforzando su apuesta por estas fórmulas destinadas a poner en valor la calidad, la identidad y el origen de nuestros productos mediante la diferenciación de los mismos, demuestra la madurez y profesionalidad de un colectivo que quiere seguir ocupando la posición de liderazgo en los mercados que ha ocupado siempre», ha explicado David Torres.
En este sentido, el director general ha recordado «la necesidad de seguir trabajando en esta línea» puesto que «todavía queda mucho camino por recorrer» y ha añadido: «Aunque las cifras son muy prometedoras, aspiramos a más, y desde la Conselleria vamos a seguir redoblando nuestro apoyo tanto a la ‘IGP Cítricos Valencianos’ como al resto de figuras de calidad y denominaciones de origen (DO)».
Entre las causas que explican este aumento de las inscripciones de la IGP, la más destacada es que algunas empresas de gran prestigio se han sumado recientemente a esta figura de calidad, y que la gran distribución reclama productos que se distingan y se identifiquen por su origen, según han explicado.
No obstante, han reivindicado que la firma de tratados comerciales con terceros países es una de las dificultades para las frutas y hortalizas locales.
Torres ha manifestado que «se trata, sin duda, de un asunto muy preocupante» y desde la Generalitat aprovecharán las negociaciones que se siguen en Bruselas de cara a la reforma de la Política Agraria Común (PAC) «para instar a que se introduzcan mecanismos correctores y compensatorios que atenúen ese impacto tan negativo».