La penalización a España forma parte de una decisión en la que la CE pide a 14 países un total de 33 millones de euros, por deficiencias y errores en la gestión de diferentes apoyos de la PAC, tanto de ayudas directas como de desarrollo rural.
En el caso español, los importes reclamados corresponden a los regímenes de jóvenes agricultores, ayudas directas asociadas y disociadas de la producción, entre los ejercicios 2017 y 2019, y por conceptos como «deficiencias en las sanciones administrativas».
Eso significa que esas partidas se excluyen de los fondos de la PAC para España y deben ser devueltas.
La decisión forma parte de los procedimientos de corrección financiera que la CE aplica para supervisar el control del gasto agrícola en los países comunitarios, de forma periódica y habitual.
