Ante la posible entrada en vigor el próximo 1 de enero del Impuesto Especial a los Envases de Plástico, tal y como se plantea en la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados, creen que «no es el momento de aplicar un nuevo impuesto que sólo repercutiría negativamente en la competitividad de las empresas y sobre el consumidor».
Así lo han expresado en un comunicado conjunto de Cooperativas Agro-alimentarias, las opas Asaja, COAG, UPA y las asociaciones empresariales Aecoc, ACES, Anged, Asedas, FIAB, Adelma, Stanpa y EsPlásticos.
La escalada «histórica» de los precios del gas y de la electricidad está causando «un grave impacto» en los costes empresariales y «tensionando al alza la inflación».
A ello se unen los impactos derivados de la guerra de Ucrania -desabastecimiento de materias primas, falta de suministros básicos como fertilizantes y combustibles, entre otros, así como de la crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia e incluso amenazas de nuevos paros en el transporte, han apuntado.
Este contexto «altamente inestable» está poniendo a prueba la resistencia de los sectores empresariales, por lo que «no parece razonable añadir a corto plazo costes adicionales», según los firmantes.
Asimismo, han destacado el hecho de que dentro de la UE, en general, no se ha optado por medidas fiscales en la legislación de economía circular.
Por otra parte, la implementación de un impuesto de estas características es «sumamente complejo», y necesita un desarrollo reglamentario «donde se expliquen de manera detallada todos los procedimientos y trámites administrativos a seguir», la creación de documentación, el desarrollo de aplicaciones informáticas o la definición clara de las obligaciones de cada uno de los afectados.
Las casuísticas son «infinitas» y las dudas sobre cómo poder cumplir con las obligaciones legales «se multiplican, por lo que a día de hoy siguen siendo analizadas por la propia Administración para poder dar respuesta a su compleja aplicación«.
Ven además «imprescindible» dar un margen de tiempo «suficiente» para poder resolver «todas» las cuestiones y dudas que se están planteando antes de obligar a gravar con un impuesto que «nadie sabe de momento cómo aplicar».
