El Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional ha decidido incoar diligencias previas de investigación sobre los presuntos abusos sexuales y laborales de los que presuntamente fueron víctimas temporeras inmigrantes en distintas fincas freseras de la provincia de Huelva.
En un auto fechado el 6 de agosto, el magistrado Santiago Pedraz, considera que los hechos «presentan características que hacen presumir la posible existencia de infracción penal».
Esta decisión se produce tras la denuncia que, en nombre de diez trabajadoras de una finca de Almonte (Huelva), interpusieron los letrados de la Asociación de Usuarios de la Administración de Justicia (Ausaj) contra la empresa gestora de la misma y sus propietarios, así como «contra cuantas personas, físicas y jurídicas, puedan ser responsables penales o civiles por los hechos que se relatan y que se irán determinando a lo largo del procedimiento», adelantada por la revista ‘La Mar de Onuba’.
Consideran desde la asociación que los hechos denunciados constituyen «presuntos delitos de trata de seres humanos en concurso con delitos de lesa humanidad», considerándose que corresponde la competencia a la Audiencia Nacional.
Concretamente, en el escrito, se narra cómo estas mujeres, en su mayoría procedentes de Marruecos y que llegan a Huelva con contratos en origen, están siendo presuntamente objeto de abusos sexuales y laborales.
De esta forma, Pedraz dispone, sin perjuicio del informe que el Ministerio Fiscal deberá emitir sobre la competencia de este juzgado para instruir los hechos investigados, librar oficio a la Comandancia de la Guardia Civil de Almonte para que remita a este juzgado, o informe en su caso, de la existencia de denuncias relacionadas con los hechos, con inclusión individualizada de denunciantes y juzgados que conozcan de ellas.
