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La Audiencia confirma la multa de 6 millones a DIA impuesta por Agricultura

La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso presentado por la cadena de supermercados DIA contra una expediente impuesto por el Ministerio de Agricultura en 2017, tras detectar 86 infracciones graves de la Ley de la Cadena Alimentaria.

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El fallo confirma el primer expediente sancionador aprobado en España por violar esta normativa y da detalles sobre el caso, en el se investigaba cómo más de 40 fabricantes recibieron presiones para realizar «pagos adicionales» a DIA y Eroski, en el marco de la alianza entre ambas para constituir una central de compras conjunta, hoy ya disuelta.

El procedimiento contra Eroski llegó al Juzgado Central Contencioso-Administrativo por tratarse de una sanción leve, y fue archivado hace un año; en el caso de DIA, el procedimiento era competencia de la Audiencia debido a su carácter grave, por ser la empresa «reincidente» a la hora de incumplir la Ley de la Cadena.

Un portavoz de DIA ha avanzado a Efeagro este viernes que la compañía presentará recurso ante el Supremo.

El expediente original reunía 44 infracciones por «revelar información comercial sensible», 34 más por «exigir pagos adicionales sobre el precio pactado en el contrato» y otras 10 debidas a «modificaciones de las condiciones contractuales sin estar expresamente pactadas por las partes»; de estas 88, finalmente se aceptó retirar dos tras un primer recurso de DIA.

La sentencia considera probado que las dos cadenas de supermercados intercambiaron datos comerciales sobre sus relaciones con fabricantes, a los que pedían pagos adicionales sin que hubiera «contrapartidas claras» -por ejemplo, aumentar los volúmenes de compra-.

Además, a estas empresas les advertían de que debían alcanzar un acuerdo con ambas (DIA y Eroski) y no bastaba llegar a un consenso con sólo una de ellas, e incluso en nueve casos se llegó a dejar de comprar producto a los proveedores como forma de presión.

«La suma de los pagos adicionales no previstos en los contratos analizados ascendía (…) a 28,9 millones de euros, ello sin considerar las cantidades exigidas a los fabricantes y que éstas no han revelado a la AICA, a pesar de haber reconocido que se produjeron», reza el texto.

El procedimiento partió de una denuncia realizada por la patronal de la industria alimentaria (FIAB) y la asociación de marcas de fabricante Promarca ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), organismo adscrito al Ministerio de Agricultura.