Así consta en la respuesta del Gobierno a la pregunta escrita formulada por el senador Juan Carlos Pérez Navas (PSOE), en la que el Ejecutivo señala que a pesar de no haber recibido nuevas denuncias en 2018, la AICA «ha tomado las informaciones referidas como indicios para construir planes de control específicos a la situación que se ha puesto de manifiesto».
En este sentido, el Gobierno insiste en que desde que la AICA tuvo conocimiento de «dichas supuestas condiciones anómalas» ha actuado investigándolas e iniciando expedientes sancionadores cuando en sus inspecciones se detectaron incumplimientos de la ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
Además señala que el pasado ejercicio, la AICA llevó a cabo un programa de vigilancia especial por este motivo, durante el que se visitaron 22 entidades (alhóndigas y organizaciones de productores) en Andalucía, controlando un centenar de relaciones comerciales (compras y ventas de hortalizas).
«Muchas de ellas se produjeron con empresas con sede en distintas comunidades autónomas, comercializadoras de hortalizas compradas en Almería», subraya el Gobierno, que «añade que fruto de dicha campaña, se abrieron expedientes sancionadores a empresas comercializadoras por incumplir los plazos de pago a los agricultores».
De hecho, en noviembre de 2017 el exdirector de la AICA José Miguel Herrero informó en la Subdelegación del Gobierno de Almería de que se había cursado una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por posibles acuerdos «entre competidores, sobre todo a nivel europeo», para fijar el precio de frutas y hortalizas.
La AICA quería determinar si puede existir algún tipo de «acuerdo colusorio» entre competidores ligado a la fijación de precios.
«No hemos encontrado evidencias pero sí indicios de que puede estar produciéndose esa práctica, y eso es lo que hemos trasladado a Competencia», dijo Herrero para aclarar que los indicios se basan principalmente en «declaraciones hechas con mucho miedo y por cuentagotas» en empresas de Almería investigadas.
Precisamente el pasado 19 de julio la organización agraria COAG anunció que pedirá a la AICA que abra una investigación urgente para esclarecer si hay un «pacto entre los principales operadores comerciales para presionar a la baja los precios de forma ilegal» de la sandía en el campo, tras una caída de éstos de un 74 %.
