La Asamblea Nacional indicó que 41 parlamentarios se pronunciaron en favor de la «ley contra el derroche y por una economía circular» y únicamente uno se pronunció en contra.
El texto se fija una serie de objetivos cifrados, entre los que destaca la reducción del 50 % de la comercialización de embalajes plásticos de uso único para 2030 y de un 50 % suplementario para 2040.
También establece la meta de que el 1 de enero de 2025, todo el plástico deberá ser reciclado y la de disminuir de aquí a 2030 la venta de botellas de plástico de uso único.
Los restaurantes de comida rápida tendrán que eliminar de aquí a enero de 2023 los plásticos de uso único y no podrán dar juguetes de plástico a los niños.
Los grupos de distribución no podrán destruir los productos alimentarios que no hayan vendido, bajo pena de multas de 10.000 euros.
Abandonar basuras en lugares no autorizados estará castigado con una multa de 1.500 euros.
El dispositivo legislativo contempla nuevas obligaciones para el reciclaje, por ejemplo a partir de 2022 para los materiales de construcción, los juguetes, los artículos deportivos, de bricolaje o de jardinería.
