Desde la entrada en vigor del real decreto ley por el que se liberalizaba el sector había un plazo de un año para la adaptación de los convenios sectoriales.
Para ello, era necesario contar con el reglamento que desarrollase la reforma de la estiba y que trata cuestiones como el sistema de ayudas o los nuevos certificados de profesionalidad.
Ante la amenaza de nuevas movilizaciones por parte de los sindicatos debido a la demora en su aprobación, el anterior Gobierno del Partido Popular se comprometió en mayo a aprobar, previsiblemente a finales de junio pasado, el real decreto, y a ampliar en seis meses -hasta finales del año- el plazo para la negociación del nuevo convenio marco a través de una enmienda transaccional a la ley de presupuestos.
Sin embargo, tras el cambio de Gobierno, el actual Ejecutivo socialista se encontró con una situación sin ningún avance y «con pocos papeles» sobre esta cuestión, ha asegurado en una entrevista con EFE el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura.
Para abordar la resolución definitiva de la reforma de la estiba, hay que ir «paso a paso» y lo que es importante en este momento es plantear la citada comisión entre los distintos ministerios y retomar el diálogo con los agentes del sector de la estiba en los próximos días, ha apuntado.
