El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha celebrado que dicha regulación esté «cada vez más cerca», ya que se trata de técnicas «necesarias e imprescindibles» en el contexto actual geopolítico y de cambio climático.
El MAPA ha destacado la contribución de dicha herramienta a la reducción de la aplicación de fitosanitarios y fertilizantes.
«España siempre ha apoyado la necesidad de esta iniciativa y, de hecho, impulsó los trabajos de preparación del Reglamento durante la presidencia de turno de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023», ha señalado el Gobierno en un comunicado.
La Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (Anove) ha considerado que la norma europea sobre el uso de NTG en la agricultura, aprobada este miércoles en el Parlamento Europeo, es «estratégica» y abre «una nueva etapa para la competitividad, sostenibilidad y futuro» del campo.
La asociación ha asegurado en una nota que Europa, con este paso «histórico», «desbloquea» la innovación agrícola y «pone fin» a una década de «bloqueo».
Para Anove, esta decisión supone un «punto de inflexión» al reconocer oficialmente el papel estratégico de la innovación genética para garantizar dicha competitividad, sostenibilidad y seguridad alimentaria.
«Europa necesitaba urgentemente recuperar capacidad de innovación en el ámbito agrícola. Esta aprobación envía una señal muy clara: la UE quiere seguir siendo líder en investigación, productividad y sostenibilidad», ha destacado el director general de Anove, Antonio Villarroel.
Las NTG permitirán acelerar el desarrollo de variedades vegetales más resistentes a sequías, plagas y enfermedades, mejorar la eficiencia en el uso de agua y recursos naturales, reforzar la calidad nutricional de los alimentos y facilitar cultivos mejor adaptados al cambio climático, según la asociación.
El sector cree que estas herramientas serán «fundamentales» para garantizar el futuro del campo europeo.
Villarroel ha destacado especialmente el trabajo institucional desarrollado durante todo el proceso legislativo y, en especial, el impulso del ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
«Planas y todo su equipo han defendido desde el inicio la necesidad de incorporar la innovación tecnológica como elemento clave para el futuro del sector agroalimentario europeo«, ha subrayado.
Desde Anove y la europea Euroseeds han insistido en que el trabajo continuará ahora en la fase de implementación para asegurar que el nuevo marco normativo permita aprovechar plenamente el potencial de las NTGs.
Por parte de las organizaciones agrarias, Asaja ha destacado que se trata de «un gran paso» porque se dispondrá de una herramienta «clave» para afrontar la sequía, reducir insumos y mejorar la sostenibilidad de las explotaciones.
La organización «lleva años» defendiendo esta reforma, junto al sector productor, los jóvenes agricultores y la comunidad científica, y cree que el campo «da hoy un paso decisivo para el futuro de la agricultura europea».
Para Asaja, las NGT son también una cuestión de «justicia competitiva» porque permitirá competir «en igualdad» con los productores de terceros países.
Ha recordado que el apoyo a las NTG ha sido una «constante» desde España, «gobierne quien gobierne, con un amplio consenso entre el sector productor, la comunidad científica y las instituciones».
La organización UPA ha mostrado su confianza en que la norma ayude al campo a ser «más sostenible y rentable» por ser una oportunidad «de oro» al proporcionar técnicas que permitirán disponer «más rápidamente» de semillas y plantas más resistentes a plagas y enfermedades, mejorando el rendimiento y la calidad de los cultivos en un contexto de cambio climático.
Las NGT permitirán, por ejemplo, reducir «significativamente» el periodo necesario para poner una variedad nueva en el mercado, pasando de los actuales 10-12 años a una horquilla de 5-7 años.
UPA ha resaltado el uso de técnicas como el «Crispr», una «revolucionaria» herramienta biotecnológica que actúa como unas tijeras moleculares para editar el ADN.
El reglamento entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE y se empezará a aplicar dos años después.
