Esta póliza, cuya prima depende exclusivamente de las hectáreas que ocupa el negocio, se considera complementaria a los productos aseguradores tradicionales agrícolas, que se limitan a cubrir los daños y desperfectos derivados de diversas contingencias y catástrofes naturales, pero no cubren el resto de las problemáticas derivadas de la actividad.
El sector agrario es un sector estratégico con gran importancia económica y social en España, además del primer sector industrial del país y uno de los principales impulsores de la economía. Los empresarios de este sector cada vez son más proclives a asegurar su negocio, y en 2021 el seguro agrario experimentó unas cifras récord, cuyas primas han superado por primera vez los 800 millones de euros, con una superficie asegurada superior a los 6,25 millones de hectáreas.
No obstante, el seguro agrario en España está basado en la intervención conjunta de instituciones públicas y privadas con el objetivo de intentar paliar los efectos de las catástrofes, dejando descubiertas las posibles contingencias jurídicas derivadas de la actividad del negocio. Es por eso que DAS Seguros, como respuesta ante la necesidad del sector, ha creado un producto que ofrece garantías y servicios exclusivos en el ámbito industrial, comercial, profesional, de servicios o de producción, según las actividades desarrolladas por la empresa asegurada.
Y es que “DAS Protección Agropecuaria”, cuyo objetivo es complementar las pólizas existentes para el sector, cubre las problemáticas que quedaban descubiertas hasta ahora por los seguros agrarios tradicionales. La nueva solución garantiza la defensa de los derechos del empresario agrícola en conflictos que puedan surgir con proveedores, clientes o terceras partes, y se convierte en el aliado perfecto para proteger el ciclo productivo de la empresa.
Un equipo de abogados especializados se asegurará de que su actividad está protegida, reclamando por vía amistosa o judicial los daños y perjuicios que sufra el empresario relacionados con inmuebles asegurados, incumplimientos de contrato de obras o servicios que afecten al ciclo productivo o de clientes, así como conflictos relacionados con contratos de servicios y suministros.
