La medida de emergencia fue propuesta por la Comisión Europea el 30 de abril como parte de un paquete más amplio para ayudar a los agricultores a lidiar con los efectos de la pandemia.
Entre las medidas anunciadas a finales de abril, en el llamado «segundo paquete de respuesta a la COVID-19», se enmarca esta propuesta de modificación del Reglamento de Desarrollo Rural, para que sus fondos puedan destinarse a este tipo de apoyo.
El Parlamento Europeo ha elevado el importe máximo de la ayuda a 7.000 euros por agricultor, frente a los 5.000 propuestos por la Comisión Europea, y mantiene 50.000 para las PYMEs y cooperativas.
Asimismo, la Eurocámara amplía hasta el 31 de junio del 2021 la fecha límite para realizar los pagos, sobre la base de las solicitudes de ayuda aprobadas antes del 31 de diciembre de 2020.
De esa manera, se permitirá a los países utilizar su asignación restante del FEADER para un pago único a tanto alzado como compensación para los agricultores y las pequeñas empresas rurales.
Con ello se quiere dar liquidez a los agricultores y las empresas, para ayudarles a permanecer en el negocio.
«Es un dinero importante del que va a disponer cada comunidad autónoma española», señaló la eurodiputada socialista Clara Aguilera, que recordó que las comunidades autónomas deberán acreditar que la ayuda se destina a los más afectados en función de criterios objetivos y no discriminatorios.
