De esos 8.000 millones de euros, 5.000 millones garantizarán los préstamos para llevar a cabo nuevas inversiones por parte de autónomos y pymes, y 3.000 millones serán para otras empresas, según ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia Calviño.
El aval público garantizará el 80 % de las nuevas operaciones de autónomos y pymes y el 70 % de los préstamos solicitados por el resto de empresas; además, tendrá la singularidad de que la cobertura se amplía hasta un máximo de 8 años con la idea de ajustarlo al mayor plazo de amortización de las inversiones.
Esta línea de avales se aprobó a principios de julio, pero es ahora cuando empieza a funcionar y es independiente de la de 100.000 millones habilitada tras decretarse el estado de alarma para que las empresas afrontaran los primeros problemas tras el parón económico.
Si con aquella línea se dio cobertura a las necesidades de liquidez y circulante del tejido productivo, los nuevos avales impulsan ahora también la inversión de los autónomos y empresas españolas.
Con este objetivo, la nueva línea de avales garantizará los préstamos para la realización de nuevas inversiones, así como los gastos relacionados con las mismas y con la mejora del proceso productivo.
