El estudio, presentado por la patronal de la industria de la alimentación y bebidas FIAB, alerta de las repercusiones negativas para las empresas y para la economía del proyecto de Real Decreto de Envases y de Residuos de Envases.
El proyecto «pone en peligro» al 7,1 % de las empresas y al 6 % de los puestos de trabajo que genera la fabricación de alimentos y bebidas, según ha subrayado el socio de AFI Diego Vizcaíno.
El proyecto normativo establece, entre otras medidas, la reducción del 50 % de las botellas de bebidas de plástico de un solo uso para 2030.
El director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo, ha señalado que el nuevo real decreto llega «en el peor momento» por el impacto de la guerra de Ucrania, una «crisis inimaginable hace meses».
Por ello ha pedido la paralización de los trámites de dicha normativa «cuanto antes» y ha llamado al Gobierno «al diálogo» sobre su contenido.
El estudio elaborado por AFI concluye que los nuevos requisitos para la industria alimentaria tendrían un alto impacto social y económico, por el aumento de costes que afectaría sobre todo a pymes.
La propuesta del Gobierno, actualmente en tramitación, representa a juicio de la industria un «viraje normativo» respecto a la ruta marcada por la Unión Europea y en algunos aspectos excede las directivas comunitarias.
Impondría inversiones de 6.270 millones de euros en una década para adaptarse a los nuevos objetivos de reutilización y hacer frente a la reducción de botellas de plástico, unas metas «inasumibles» para algunas empresas, según los datos presentados este miércoles.
De estos 6.270 millones de euros en inversiones, el impacto se divide en 4.670 millones asociados a los nuevos objetivos de reutilización y 1.600 millones de euros al recorte del 50 % de las botellas de bebidas de plástico de un solo uso.
A estos datos hay que añadir el incremento de otra clase de costes de 490 millones de euros y el impuesto al plástico, 300 millones de euros, como consecuencia de la futura ley de residuos, actualmente en el proceso final de su tramitación.
La industria alimentaria genera anualmente más de 430.000 empleos y con el borrador de real decreto «pierden el tejido industrial, las empresas y los ciudadanos», según el responsable de FIAB.
El representante de AFI ha añadido que el impacto del real decreto en el PIB se situaría en 1.560 millones de euros, que se elevaría a 1.640 millones (un 6,2 % del total del sector) si se suman los efectos derivados de la ley de residuos.
Asimismo, las industrias han alertado de la repercusión negativa en la España vaciada o despoblada.
