Las dos entidades han registrado este jueves en la Administración regional el documento en el que plantean medidas financieras, fiscales y laborales, acompañado de un informe sobre los daños causados en el cultivo de ciruela y un estudio económico que estima en más de 9.100 euros de pérdidas por hectárea afectada en la región.
Unos documentos que se han elevado también al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de Cooperativas Agro-alimentarias de España y FEPEX.
La norma específica de peritación de frutales establece que el fruto no es válido para mercado si el daño sufrido no excede de una superficie de 0,15 cm, pero sólo se indemniza el 10 % de su valor, según recoge cooperativas en una nota de prensa.
El pedrisco registrado en abril provocó, de forma generalizada, daños en ciruela que no superaban esa superficie, de forma que los afectados están recibiendo indemnizaciones «muy por debajo de las pérdidas reales sufridas», poniendo «en serio peligro» la viabilidad de numerosas explotaciones frutícolas a pesar de tener contratado el seguro de frutales.
De hecho, se han registrado casos en los que el número de frutos afectados por pedrisco es «superior al 45 % pero sólo se indemniza menos de un 20 % del capital asegurado en la parcela», por lo que los agricultores han optado por tirar al suelo su producción por no tener valor comercial.
La indemnización es también, a su juicio, «claramente insuficiente, especialmente teniendo en cuenta los altos costes de producción que asumen los agricultores».
Por todo ello, Cooperativas Agro-alimentarias y AFRUEX han solicitado la puesta en marcha de medidas urgentes que deben destinarse a «los titulares de las explotaciones frutícolas de Extremadura que, teniendo pólizas de seguros agrarios en vigor, hayan sufrido pérdidas económicas superiores al 30 % de su producción».
Las dos entidades han destacado la «importancia» del Sistema de Seguros Agrarios para proteger a los agricultores y la «profesionalidad» de Agroseguro al peritar las explotaciones afectadas.
Sin embargo, consideran que toda esta situación ha puesto de manifiesto «una falta de correlación entre las indemnizaciones percibidas y las pérdidas económicas reales» que se han producido en numerosas explotaciones frutícolas de la región.
Por esta razón, han planteado a la Administración que se revise y se realice un estudio en profundidad de las posibilidades y alternativas que podrían establecerse en la referida norma de peritación para dar cobertura a problemáticas de este tipo.
Ello con el fin de que cuando se registren daños leves por pedrisco y la tasación del daño en calidad no se corresponda con la realidad del concepto de calidad del mercado, se pueda dar «una indemnización adecuada a las pérdidas reales, sobre todo en años donde sea imposible generar ingresos por ventas comerciales».
