Todo ello en unas condiciones sanitarias precarias y una media de entre 15 y 16 horas diarias por 2,5 euros la hora, informó hoy la Guardia de Finanzas (policía financiera).
La investigación policial, que comenzó en 2019 en tres empresas de la llamada «costa de los Etruscos», en la región de Toscana, ha sacado a la luz cómo los propietarios «contrataban y organizaban la mano de obra de cientos de trabajadores, tanto italianos como extranjeros, empleándolos ilegalmente y en condiciones de explotación«, explicó la Guardia de Finanzas en un comunicado.
«Trabajo en el campo durante una media de 15/16 horas al día, por un salario de 2,5 euros la hora, con vacaciones apenas concedidas y no pagadas, sin contrato ni cobertura de seguridad social y seguro, pero con amenazas de despido y agresiones verbales. Estas son las condiciones de trabajo opresivas a las que supuestamente estaban sometidos los jornaleros agrícolas», se indica en la nota.
Además, los tres empresarios obligaron a varios trabajadores, en su mayoría extranjeros, a vivir en un chalé ilegal en los mismos terrenos de las fincas, «en condiciones sanitarias precarias debido al escaso espacio disponible y a la ausencia de calefacción, sin conexión a la red de agua y sin agua potable, con el coste del alquiler establecido unilateralmente por los empresarios«.
Los tres empresarios, al recibir las notificaciones de que estaban siendo investigados por la Fiscalía de Livorno por los delitos de explotación laboral e intermediación ilegal, procedieron inmediatamente a pagar las sanciones administrativas e ingresaron al Tesoro Público unos 5,8 millones de euros.
Además de investigarles por estos delitos, se les considera responsables de infracciones administrativas en el ámbito laboral y fiscal y «también se reconstruyó el importe de los alquileres ‘en negro’ que se habrían impuesto a numerosos trabajadores por la casa de campo no autorizada que poseían los sospechosos, de lo que se desprende una multa adicional de más de 150.000 euros«.
Las investigaciones revelaron asimismo «numerosas irregularidades al fingir que cumplían los requisitos para obtener» contribuciones de la Unión Europea en el marco de la Política Agrícola Común (PAC), añadió la policía financiera.
