La seguridad en el ámbito rural es una preocupación creciente y persistente para agricultores, ganaderos y propietarios de fincas en toda España. Lejos de ser un problema aislado, las cifras recientes reflejan una realidad que exige soluciones innovadoras.
Según datos de Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, basados en informes del Ministerio del Interior, los robos en explotaciones agrícolas y ganaderas han experimentado un repunte significativo en los últimos años. En 2023, se registraron más de 11.300 hechos denunciados, lo que se traduce en una media de 31 incidentes diarios en todo el territorio nacional.
Aunque los datos de 2024 muestran un ligero descenso, con cerca de 10.600 robos registrados (aproximadamente 29 incidentes diarios), la criminalidad en el campo se mantiene en niveles muy superiores a los previos a la pandemia. Esta situación, sumada a la baja tasa de esclarecimiento de los delitos y la complejidad burocrática para las denuncias, genera una persistente sensación de desprotección que afecta gravemente la tranquilidad y el futuro de quienes viven y trabajan en el campo.
Comunidades como Andalucía, Castilla-La Mancha o la Comunitat Valenciana concentran un elevado número de estos sucesos, evidenciando la necesidad urgente de soluciones eficaces y el uso de tecnologías que permitan proteger bienes y medios de vida de forma proactiva.
