AVA-Asaja ha anunciado que la principal práctica abusiva que han constatado es la pretensión de algunos comercios de rebajar de manera unilateral la cotización pactada con el productor al inicio de la temporada, cuando las perspectivas eran más optimistas debido al tirón de la demanda de cítricos en Europa a fin de prevenir resfriados y virus como la covid-19.
En algunos casos, los agricultores alertan de que el nuevo precio ofrecido por sus frutas se sitúa incluso por debajo de los costes de producción, entre 0,22 y 0,26 euros por kilo según variedades, lo que les arrojaría pérdidas y multiplicaría el abandono de campos.
La peor evolución de los precios en origen se ceba en las variedades Clemenules y naranjas Navelina, según la asociación, que han sufrido consecuencias de las lluvias y se encuentran en avanzado estado de maduración.
El clima de nerviosismo generado a raíz de estos casos se ha extendido al resto de citricultores y está provocando dificultades en la comercialización, han afirmado desde AVA-Asaja.
El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, ha recomendado «tranquilidad» a la hora de defender un precio digno porque «tenemos una cosecha corta que lo será aún más en la segunda mitad de la campaña».
Aguado ha pedido al ministro de Agricultura, Luis Planas, que «se ponga las pilas» para hacer que la nueva reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria «sirva realmente para garantizar que los precios cubran al menos los costes de producción, cosa que no ha ocurrido con la uva para vinificación ni ahora con los cítricos».
Además, el dirigente agrario ha reprochado «a la Unión Europea y al Gobierno español que continúen impulsando acuerdos comerciales con países terceros que abren las puertas de par en par a cítricos cultivados en unas condiciones de competencia desleal en términos fitosanitarios, laborales y medioambientales, como sucede actualmente con las importaciones de Egipto, Marruecos o Túnez».
Asimismo, desde AVA-Asaja han puesto a disposición de los agricultores los servicios técnicos de la asociación para asesorarles y ayudarles a la hora de trasladar ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), órgano dependiente del Ministerio de Agricultura, cualquier tipo de infracciones para que se abran investigaciones en torno a incumplimientos y se impongan las sanciones correspondientes al operador comercial.
