El plazo de enmiendas en el nuevo proceso de modificación de esta ley en el Congreso finalizará “próximamente”, recuerda el sector en una nota, y el Gobierno de Canarias tiene el encargo concreto del Parlamento de conseguir que se exceptúe al plátano de la aplicación de preceptos de “grave perjuicio” para esta actividad agrícola.
La Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan) incide en que en febrero del 2020 se aprobó la modificación de la Ley de Cadena Alimentaria mediante Real Decreto y que entonces, en su opinión, la consejería fue “la primera” en conocer los daños que les generaba.
Un Real Decreto que entró en vigor en marzo del año pasado y que ha provocado que el sector acumule desde entonces un riesgo de sanciones millonarias que crece “día tras día” y que no se haya obtenido una solución “real y objetiva” al problema.
El presidente de Asprocan, Domingo Martín, ha insistido en que solo esta excepcionalidad garantiza al sector seguir compitiendo con los plátanos de terceros países y evitar un daño económico “irreparable”.
“Miles de empleos y actividad económica depende del plátano y no podemos aceptar alternativas a la excepcionalidad en base a declaraciones políticas sin validez jurídica y que no han sido capaces de trasladarse por escrito al sector a lo largo de todo un año”, ha dicho Martín.
Además, el sector ha lamentado que tampoco encontrara apoyo de la consejería que lidera Alicia Vanoostende en la defensa de sus necesidades durante la tramitación del Real Decreto en el Senado en 2020.
“Ante la nueva ventana de oportunidad dada por la reforma de la misma ley, abierta desde diciembre de 2020, en el Congreso de los Diputados, el sector ha venido solicitando reiteradamente el apoyo firme del Gobierno de Canarias y de todos los grupos políticos ante este delicado asunto”, añade Asprocan.
“El sector platanero de Canarias está fuertemente preocupado ante la ausencia de actuaciones por parte de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias para lograr el objetivo marcado por parte del Parlamento de Canarias en defensa del sector el pasado 10 de marzo de 2021”, apostilla.
