En este sentido, y conscientes del daño irreparable al que se enfrenta el sector, los representantes de los grupos parlamentarios de Nueva Canarias, Partido Popular, Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) y Grupo Mixto (Ciudadanos) han trasladado ya a Asprocan su apoyo a la misma, indica una nota de los productores de plátano.
La PNL insta al Gobierno del Estado a que atienda las demandas concretas que requiere el sector del plátano en las islas para proteger una actividad que da empleo a más de 15.000 familias y que aporta una importante fuente de ingresos (485 millones de euros en el año 2020).
En concreto, la iniciativa solicita que la futura Ley de la Cadena Alimentaria -que se encuentra aún en fase de enmiendas en el Congreso de los Diputados- recoja las demandas de Asprocan, entre las que se encuentra una mayor flexibilidad a la hora de negociar y fijar el precio de venta, ya que la nueva norma obliga de hecho, al establecimiento de un precio mínimo de venta, que representaría, a juicio del sector, «un campo abierto para la importación de bananas de terceros países”.
La enmienda afecta, exclusivamente, a algunos preceptos concretos de la Ley que, como manifiesta en un comunicado Domingo Martín Ortega, presidente de la organización representativa del sector, “perjudican gravemente al plátano y provocarían la destrucción de hasta 100 millones de kilos de plátanos, cada año, o sanciones millonarias para los agricultores”.
Añade que la excepción obedece a las particularidades del plátano de Canarias ya que es un producto que sólo compite con producciones de terceros países, que no se cultiva en ninguna otra región de España, y que se desarrolla en condiciones de lejanía e insularidad excepcionales.
El sector recuerda que en las próximas semanas, el Congreso de los Diputados votará la misma enmienda para proteger al plátano canario.
El objetivo de esta iniciativa es proteger al sector para que no se apliquen los artículos 9.1 c) y j) y el 12 ter, respondiendo a la condición singular de la agricultura canaria, en base a la condición de Región Ultraperiférica (RUP), amparada por la normativa de la Unión Europea.
En este sentido, las peticiones del sector han tenido una acogida positiva por parte del grupo parlamentario Sí Podemos.
El sector confía en que el grupo Socialista Canario se una también a esta la única salida posible con garantía jurídica, que permita al sector platanero competir a medio y largo plazo con la banana de terceros países en el mercado español.
