El presidente de la organización agraria, Ángel García Blanco, ha rechazado «de pleno» este incremento, hasta los mil euros, y ha criticado que se haya pactado «a espaldas de los representantes de los empresarios».
Ha advertido de que situará «al borde la desaparición» a cientos de explotaciones agrarias en Extremadura y dará la «puntilla» a muchas de ellas que ya padecen en los últimos tiempos unos gastos «absolutamente inasumibles» debido a la subida de las materias primas y la falta de precios justos por sus productos.
«En medio de esta tormenta perfecta, a la que hay que unir la grave sequía que padecemos, y sólo por intereses electorales pensando en las elecciones del domingo en Castilla y León, se anuncia ahora a toda prisa esta una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional», ha apuntado.
García Blanco ha matizado que no es que no se quiera asumir esta subida de costes, sino que en estas circunstancias tan excepcionales y graves por las que atraviesa el sector agrario es «completamente inasumible«.
En su opinión, se va a generar «más paro, más dinero negro y, en definitiva, más obstáculos para alcanzar alguna rentabilidad, absolutamente imposible a día de hoy, con los disparatados costes de las materias primas, como el carburante, las tarifas eléctricas o las materias primas».
Y todo ello, ha agregado el dirigente agrario, unido a una reforma laboral que obliga a hacer fijos-discontinuos a los trabajadores del campo que, por definición y por la realidad del campo, son «obligatoriamente temporales» porque las campañas agrícolas «duran lo que duran«.
Para Asaja, esta decisión «unilateral» de la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, es un ejemplo más del «ataque directo a la línea de flotación» emprendido desde el Gobierno contra los agricultores y ganaderos, «una persecución inexplicable y que no tiene otro sentido que hundir a un sector imprescindible de la economía española«.
García Blanco ha recordado además que las últimas subidas del SMI en los últimos años han supuesto ya un incremento de los costes del más del 30 %.
