Castellano hizo ayer esta afirmación durante el transcurso de una mesa redonda en la que participaron los consejeros de Agricultura de Castilla y León, Valencia y Andalucía, horas después de la aprobación en las Cortes de Aragón de una propuesta en defensa de una «reforma en profundidad» de la PAC.
La propuesta, aprobada por unanimidad, reclama una política agrícola activa contra la despoblación a través de la defensa del modelo familiar de agricultura y de la incorporación de jóvenes y mujeres, informa el Gobierno aragonés.
A juicio de Castellano, «en Aragón no es admisible que la PAC establezca unos derechos de cobro en función de referencias históricas que dan lugar a graves desigualdades tanto personales como territoriales».
Durante su intervención, consideró «inadmisible» la existencia de «agricultores de primera y de segunda, al margen de su actividad y profesionalidad».
Destacó que este modelo favorece la patrimonialización de las ayudas, «ya que deriva en un incremento del valor patrimonial de la tierra y de ahí la dificultad de acceso de los jóvenes», añadió el director general, quien considera que no tiene sentido que no haya vinculación entre quién trabaja las tierras y quién percibe la PAC.
Asimismo, resaltó, la propuesta de Aragón de reforma de la PAC, que además de la redistribución del pago a los agricultores, propone una compensación a la renta real de los profesionales del sector en función del peso de la actividad agraria que desarrollan.
En su opinión, «la PAC debe contribuir a una agricultura social, familiar y sostenible, en el contexto de un mundo rural vivo, tal y como se establece en la posición de la Comunidad Autónoma de Aragón sobre la reforma de la PAC firmada el 25 de mayo de 2018, refrendada mayoritariamente por los grupos políticos con representación en las Cortes de Aragón y organizaciones profesionales».
Este documento, destacó, defiende la necesidad de apoyar la renta de los agricultores mediante pagos directos disociados de la producción y condicionados a la actividad productiva pero no a la asignación de derechos.
Asimismo, consideró fundamental la ayuda a sectores «especialmente sensibles» como la ganadería extensiva mediante pagos asociados y la contribución a la remuneración de bienes públicos ambientales verificables incentivando su producción.
