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Aprobado un trasvase de 120 hm3 del Tajo al Segura

La Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura ha aprobado un nuevo envío de agua hacia el Levante correspondiente a julio y agosto, con 120 hectómetros cúbicos para los dos meses.

El presidente de la Asociación de Municipios Ribereños, Borja Castro, ha informado del contenido de la reunión celebrada ayer jueves.

Ha indicado que, si no cambia la situación, el volumen total trasvasado en el actual año hidrológico, que termina en septiembre, ascenderá a 489 hectómetros cúbicos, lo que representa un 150 % de la media histórica, que se sitúa en los 320 hm3.

Asimismo, ha señalado que con las nuevas reglas de explotación anunciadas por la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aaegesen, para septiembre, el volumen autorizado se habría reducido a menos de la mitad.

Un dato que a su juicio refleja «el desajuste actual entre las necesidades reales y las decisiones políticas que aún se rigen por una normativa desfasada».

«El Gobierno aprueba hoy un trasvase que sería muy diferente bajo las nuevas reglas. Es urgente que se pongan en marcha de inmediato porque llevamos ya un año y medio de retraso con el correspondiente perjuicio», ha denunciado Castro.

Ha advertido de que continuar con las normas actuales supone «perpetuar un modelo injusto que ignora los caudales ecológicos y las sentencias judiciales».

Además, ha reclamado no solo que se publique cuanto antes el nuevo real decreto con las nuevas reglas, sino que el Gobierno abandone su idea de aplicarlas de forma progresiva, año a año, mediante diferentes reales decretos hasta 2027.

Y que apruebe todos los decretos de una vez, pues ha incidido en que la nueva regulación lleva «año y medio de retraso».

La asociación ha urgido al ministerio que abra ya el periodo de exposición pública de las nuevas reglas, para poder presentar alegaciones técnicas y jurídicas que permitan corregir las actuales injusticias.

Por último, y «ante la imposibilidad legal de impedir el trasvase» aprobado este jueves, la asociación de municipios ribereños exigirá que el agua permanezca en los embalses mientras no sea necesaria en la cuenca del Segura, en aplicación de la Ley de Montes, para garantizar una lámina estable que permita cumplir su función ambiental y social.