Así figura en el informe presentado este miércoles durante la reunión del Consejo Asesor de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), cuya tarea es «fundamental para el establecimiento de unas relaciones comerciales justas dentro del sector agroalimentario», según ha señalado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
Planas ha anunciado, durante su intervención en el en que ese organismo se verá reforzado con la reforma de la ley de la cadena, actualmente en tramitación parlamentaria, y se dotará de nuevas competencias.
Durante el primer semestre, la AICA ha llevado a cabo 866 inspecciones y se han impuesto 269 sanciones, de las que el 13,7 % están motivadas por la falta de indicación expresa en los contratos de que el precio pactado entre el productor primario y su primer comprador cubre el coste efectivo de producción.
Ese nuevo tipo de infracción se introdujo en el decreto de 2020 de medidas de reforma de la ley de la cadena, ha recordado el MAPA en un comunicado.
De las 866 inspecciones realizadas, 600 se produjeron en el sector de los cereales, seguido del cárnico (166), vino (36), lácteo (31), frutas y hortalizas (14), aceite de oliva (12) y sectores industriales (7).
Entre enero y junio, la AICA recibió 38 denuncias, si bien solo 15 cumplían todos los requisitos y han sido investigadas, de las que 11 proceden de traslados de las comunidades autónomas y el resto han sido presentadas por diversos sectores.
El 60 % de las denuncias presentadas ante la AICA en la primera mitad del año proceden de organizaciones y asociaciones del sector; el 10 %, de productores; y el resto, de las comunidades autónomas, de acuerdo a los datos del informe.
Desde su entrada en funcionamiento en 2014, la AICA ha realizado 5.450 inspecciones y ha recibido 396 denuncias, que han llevado a la imposición de 2.743 sanciones, por un montante total de 12,3 millones de euros.
Alrededor de la mitad de las infracciones se corresponde con incumplimientos de los plazos de pago, ha especificado el MAPA.
Con la nueva ley de la cadena, la AICA se convertirá en la autoridad de ejecución encargada de establecer y desarrollar el régimen de control de cumplimiento de la norma, en coordinación con las comunidades, y tendrá facultades resolutivas para imponer sanciones por infracciones en materia de contratación alimentaria.
Planas ha insistido en que todos los agentes de la cadena deben concienciarse sobre la necesidad de cambiar la cultura en las relaciones comerciales, para que «haya un verdadero equilibrio de fuerzas y todos los eslabones obtengan una remuneración justa por su actividad».
