«Nosotros no discutimos» la creación del impuesto, ha subrayado en la presentación de un documento sobre el gravamen la presidenta de Aedaf, Stella Raventós, «creemos que realmente el plástico es algo que tiene que controlarse y controlarse muy bien», pero sí cuestiona «la técnica del impuesto y su complejidad»
El impuesto, ha coincidido la autora del documento, Belén Palao, es de una «gestión inmanejable», hasta el punto de que muchas empresas están presentando liquidaciones basándose en estimaciones en lugar de sobre datos reales porque «no pueden cumplir correctamente» con las obligaciones, lo que a su juicio conducirá «a mucha litigiosidad».
El impuesto, que afecta prácticamente a toda la industria como productor o importador de envases, estaba previsto en el Plan de Recuperación y se encuentra en vigor desde enero de este año.
Sin embargo, denuncia Palao, el texto no define el concepto de fabricante y en teoría se podría dar la circunstancia de que una persona física que en un mes adquiriera productos que contengan más de 5 kilos de envases plásticos a través de compras online procedentes de países de la Unión Europea tuviera que declarar el impuesto.
Además, denuncian que el sistema para solicitar las devoluciones es tan complejo que «poniendo en una balanza coste-efecto», muchos clientes prefieren no solicitarla que afrontar ese procedimiento administrativo, lo mismo que sucede a la hora de determinar la parte del envase que es de plástico reciclado -que no está gravado-.
De hecho, también se gravan los envases biocompostables, como las bolsas hechas a base de fécula de patata, a pesar de que sus procesos son «más protectores del medio ambiente» que los envases a base de polímeros.
«Hay miles de empresas que ni saben cómo afrontar este impuesto», denuncia Palao, sobre todo entre las pymes, algo que se complicará a partir del próximo año cuando haya que certificar el origen de los plásticos.
Ante esta situación, la asociación ha llevado el impuesto ante la Comisión Europea al entender que vulnera la normativa comunitaria en varios puntos, entre ellos ser una exacción de efecto equivalente y que exige tantas formalidades que impide la libre circulación de los productos.
Denuncian también que grava de distinta forma la compra local (cuando se pone en el mercado para su consumo) que la intracomunitaria (cuando cruza la frontera).
