Según la investigación, en estos años Intermarché ha utilizado diversos medios de presión como la suspensión de pedidos o la eliminación de marcas para obligar a más de 93 proveedores a firmar unos contratos a cambio de poder continuar accediendo a sus tiendas, detalló el ministerio en un comunicado.
Pero estos contratos prevén también que los proveedores paguen unas «sumas importantes» a Intermarché a cambio de unos servicios de publicidad internacional que en realidad no necesitan porque «se superponen» a las acciones promocionales que ya financian a nivel nacional para los mismos servicios.
«Se trata de un disfraz para un pago» que en realidad no tiene «una contrapartida económica real», señaló el comunicado del ministerio que dirige Bruno Le Maire.
Esta denuncia, que considera que los hechos «violan la ley francesa sobre relaciones comerciales», es la culminación de una investigación realizada por la Dirección General de Competencia, Asuntos del Consumidor y Control de Fraudes (DGCCRF) que empezó a rastrear las actividades del grupo Intermarché en 2018.
Por todo ello, Economía pidió al tribunal que pronuncie una sanción de 150,75 millones de euros, acorde al nivel de gravedad de las prácticas denunciadas y correspondiente al 1 % de la facturación del grupo en Francia.
