Así lo explica a Efeagro su secretario general, Miguel Blanco, en un balance de los últimos 365 días y unas perspectivas para los próximos 12 meses en los que, con permiso de las consecuencias de la covid-19, los grandes temas del campo pasan por la necesidad de garantizar «precios justos», la adaptación a una Unión Europea sin Reino Unido o el diseño del plan estratégico nacional de la próxima Política Agrícola Común (PAC).
Pero echando la vista atrás, Blanco comienza por lo positivo de 2020 para el campo y fue ese reconocimiento social; una valoración al agricultor y al ganadero que ya comenzó con el apoyo que recibieron por parte de la sociedad a las manifestaciones que protagonizaron en enero y febrero.
La expansión desde marzo del coronavirus por el país con la paralización prácticamente total de la actividad económica salvo para los sectores esenciales como el agroalimentario no hizo sino ahondar más en ese reconocimiento social, según recuerda.
Fueron meses en los que tuvieron que hacer frente a retos en movilidad, llegada de temporeros que asegurasen la recogida de las cosechas o el cumplimiento de estrictas exigencias sanitarias que, según Blanco, han supuesto un «esfuerzo y un coste mayor al habitual».
Aún así, «hemos mantenido las producciones» y hemos «demostrado resiliencia», superando esta «prueba de esfuerzo» e incluso aumentando las exportaciones.
Por eso, cree que el campo es un actor principal para recuperar la economía de España tras la covid-19: «Hemos conseguido contribuir al mantenimiento de la economía nacional, tan maltratada», indica.
Aunque agradece «los buenos sentimientos y reconocimiento» que ha generado el sector agroalimentario en 2020, se necesita «algo más» y eso es garantizar «unos precios justos y rentas dignas».
«Esto no se ha dado» por lo que las reivindicaciones siguen siendo las «mismas» que a principios de 2020, enfatiza.
De hecho, considera que hasta ahora la modificación exprés en febrero de la Ley de la cadena alimentaria, que prohibía entre otras cosas la venta a pérdidas, ha dado resultados «escasos».
«Hay que hacer un esfuerzo mucho más grande para obligar al cumplimiento de la ley», dice Blanco, quien subraya que esa modificación exprés fue un «logro» que salió de aquellas manifestaciones de enero y febrero.
En 2021, el Parlamento español tendrá que culminar, según indica, la adaptación de esta normativa a las exigencias europeas y COAG se ha marcado el objetivo de que en esta tramitación «no se vengan abajo» los avances conseguidos porque hay «muchas presiones de todo tipo» para «diluirlos».
De cara a 2021, ve «clave» también en el primer semestre las negociaciones para cerrar un plan estratégico nacional para la PAC en el que será importante incluir las exigencias del Pacto Verde Europeo, con sus estrategias de biodiversidad y «De la granja a la mesa».
Será un momento para ver si «se está a favor o no de un modelo social y profesional» de agricultura.
COAG también estará pendiente de la adaptación al Brexit, que afecta principalmente al mercado hortícola, al vino, al aceite o a la carne de cerdo; o si Estados Unidos, tras la llegada de Joe Biden en enero a la Casa Blanca, cambia su política de aranceles y sanciones.
El próximo año seguirán buscando que la UE, de negociar tratados comerciales, sea «rigurosa» en las exigencias a las importaciones.
A parte de todo ello, Blanco desea que en los próximos 12 meses se siga reforzando la política de seguros agrarios, la apuesta por el regadío y avanzar en el etiquetado alimentario para ofrecer «más transparencia al consumidor».
Blanco afirma que los fondos de recuperación que lleguen de Bruselas serán esenciales para profundizar en la sostenibilidad y la digitalización.
