FROET afronta este compromiso en la misma línea que el Departamento de Mercancías del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), organismo convocante del paro patronal, aceptando la oferta formal realizada por el Ministerio respecto a las medidas fundamentales para la supervivencia de las empresas del sector.
El este sentido, el secretario general de FROET, Manuel Pérezcarro, apuntó que pese a no lograrse un acuerdo total en lo referente a las reivindicaciones presentadas ante la Administración central, el sector va a dar un voto de confianza a la vista de los compromisos adquiridos.
“Se han puesto las bases para tratar mejorar la frágil situación que lleva soportando el sector en los últimos años, con abusos continuados e incumplimientos de la Ley vigente ante la pasividad del ministerio”, comentó Pérezcarro, quien no obstante aseguró que el sector se mantendrá “vigilante” en lo que respecta al cumplimiento de los compromisos adquiridos.
Entre los acuerdos alcanzados está la no modificación de la normativa reguladora de las masas y dimensiones de los vehículos, que supondría aumentar en 4 toneladas el peso y en medio metro la altura, sin el consenso del sector.
También incluye la oferta del ministerio que el sector apruebe previamente cualquier cambio en materia de Euroviñeta y tarificación de infraestructuras. A su vez, se sancionará la morosidad en los pagos por encima de los 60 días, medida compatible con la reclamación de intereses de demora en el plano civil.
Respecto a la imposición por parte de los cargadores a la relación de las tareas de carga y descarga por parte de los conductores, tendrá que clarificarse el marco normativo existente, así como los problemas asociados a los tiempos de espera, entre otras cuestiones.
FROET agradece el esfuerzo de nuestros representantes en el Comité Nacional del Transporte por Carretera para llegar a este acuerdo y a los medios de comunicación su colaboración como correa de transmisión a la sociedad de los problemas y reivindicaciones del sector del transporte, y valora su papel esencial como garantes del derecho a la información a los ciudadanos.
