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Agricultores auguran un «otoño caliente» si no mejora situación del sector

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) y la Unió de Llauradors i Ramaders han iniciado una campaña de protestas "hasta acabar con el maltrato" a los agricultores y han augurado un "otoño caliente" si no mejora la situación del sector agrario.

Un centenar de personas se ha concentrado este viernes frente a la Conselleria de Agricultura para denunciar la «falta de compromisos» por parte de las administraciones.

Los agricultores han criticado la «insolidaridad mostrada hacia los productos de proximidad” por las cadenas de la gran distribución, que han provocado unas pérdidas superiores a los 20 millones de euros entre los productores de cebollas y patatas de la huerta valenciana.

Por su parte, la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, ha expresado su pleno apoyo al sector agrario y ha compartido las reivindicaciones de las organizaciones, además de apelar a la recuperación del concepto de preferencia comunitaria y de reciprocidad comercial frente a la competencia desleal favorecida por los acuerdos de la Unión Europea con países terceros.

Mollà, que ha recogido de mano de los presidentes de ambas entidades un documento de demandas para paliar las pérdidas del sector, ha indicado que la Conselleria «está decidida a acompañar al sector en una política que lógicamente sobrepasa el ámbito autonómico», según un comunicado de Generalitat.

Ambas organizaciones han avanzado que este acto de protesta es el primero de una extensa campaña de movilizaciones por sectores agrarios en crisis o en busca de soluciones a problemas específicos, y la próxima, exigirán medidas efectivas para la lucha del Cotonet de Sudáfrica en cítricos y caquis.

El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, ha asegurado que no van a «parar de salir a la calle hasta que todas las Administraciones pongan en marcha medidas que acaben con el maltrato a los agricultores y ganaderos».

«De igual modo que se lucha contra el maltrato a las mujeres, al grupo LGTBI o a los animales, debe haber leyes que protejan de verdad a los productores del campo», ha asegurado.

Según Aguado, «o los políticos se ponen las pilas o haremos que se las pongan, a través de protestas que pueden ser menos prudentes que la de hoy, porque nos estamos jugando nuestro futuro”.

Por su parte, el secretario general de La Unió, Carles Peris, ha defendido que ahora «no es el momento de hacer grandes aglomeraciones por sentido de la responsabilidad, pero haremos más protestas sectoriales, sin descartar el acabar con una manifestación global como la que hicimos en febrero».

«Las administraciones no han apostado desde hace tiempo por nuestra agricultura y es imprescindible que impulsen políticas en apoyo de los profesionales», ha dicho Peris, quien considera que la gran distribución «también puede hacerlo mucho mejor y apostar por los productos de proximidad”.

Tras entregar el documento reivindicativo a la consellera de Agricultura, los dirigentes de ambas organizaciones han lanzado al suelo cebollas y patatas en protesta por los bajos precios ofrecidos mientras los lineales estaban llenos de importaciones foráneas a un precio multiplicado por mil del productor al consumidor.

Cristóbal Aguado ha concluido su intervención rompiendo, de manera simbólica, la Ley de la Huerta porque, ha dicho, “no tiene ningún efecto sobre la rentabilidad del productor” y ha retado a la consellera «a demostrar si sirve de verdad a los agricultores».

Las reivindicaciones se centran en pedir más presupuesto a la Ley de la Huerta y a la Ley de Estructuras Agrarias; y en impulsar la Ley de la Cadena Alimentaria mediante la fijación de costes efectivos de producción por parte de un organismo público.

También en lograr una PAC más justa para la agricultura mediterránea, que aporte estabilidad al mercado, que abra mercados exteriores y que permita importaciones de países terceros que únicamente complementen la producción europea pero que en ningún caso la sustituyan.

Por su parte, la consellera se ha referido a las actuaciones emprendidas por la Conselleria para asegurar las coberturas, activar una mesa de producción o poner en marcha estudios de los costes que establezca un marco de negociación transparente, científico y riguroso, que garantice la rentabilidad de las explotaciones agrícolas.