La Federación Andaluza de Asociaciones de Empresarios Comercializadores Hortofrutícolas, Ecohal Andalucía, denuncia los cambios a la Ley de Cadena Alimentaria introducidos por el Real Decreto Ley 5/2020 de medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación, que impone la obligatoriedad de recoger en los contratos agroalimentario los costes de producción de los agricultores.
Alfonso Zamora, gerente de Ecohal, asegura que ‘es una medida absolutamente improvisada al calor de las legítimas manifestaciones de los agricultores, que pretende dar carpetazo a los problemas de la agricultura dejando la responsabilidad a las empresas comercializadoras en origen, que compiten en un mercado globalizado y que deja a la comercialización española en una crítica situación de falta de competitividad’.
‘Durante la crisis sanitaria, el sector agrícola ha dado muestras de su seriedad, compromiso, solidaridad y responsabilidad, y este Real Decreto, lejos de conseguir el objetivo tan deseado por todos, esto es, mejorar la renta de los agricultores y más concretamente de las explotaciones familiares características de nuestra agricultura de invernadero, provocará precisamente lo contrario, la disminución de renta, aumento de costes y el desperdicio alimentario’, asegura Zamora.
Desde Ecohal explican que la fijación del coste de producción es individual para cada agricultor, y esto genera gran desigualdad entre las pequeñas explotaciones familiares, que tienen costes de producción mayores que los agricultores con grandes explotaciones, mucho más tecnificadas y con economías de escala. Esta diferencia de costes de producción tendrá como consecuencia que ante el exceso de oferta de productos, se venderán aquellos provenientes de explotaciones que tengan un menor coste de producción, y los pequeños y medianos agricultores pueden verse obligados a retirar sus producciones asumiendo además, los coste de retirada y transporte a plantas de residuos autorizadas.
Además, aseguran que no se ha tenido en cuenta los distintos escalados de precio por calidad, categoría o calibre de producto, pues en momentos de exceso de oferta, las la segunda categoría y el industria no se venderán al tener que pagarlos al mismo precio que la primera categoría.
‘No se puede legislar en caliente y con total falta de transparencia, vamos a tener tres modificaciones legislativas en 15 meses’, denuncia Alfonso Zamora. ‘Esta medida deja ver un absoluto desconocimiento por parte del gobierno central del funcionamiento del sector hortofrutícola, donde no se tiene en cuenta que la comercialización en origen trabaja con márgenes absolutamente ajustados (se incrementa sólo por los costes de personal de manipulado, envases y embalajes) compitiendo con las producciones de terceros países como Marruecos, Túnez o Egipto, donde sabemos que la producción bajo plástico crece a un ritmo inasumible para el mercado’.
Desde Ecohal denuncian que un sector que depende en un 80% de la exportación a Europa, no puede asumir un sobrecoste en la comercialización en origen, sin que este se repercuta hasta el final de la cadena alimentaria. ‘La aplicación de los costes de producción al precio de compra en origen, supondría para las empresas salir al mercado con una ‘mochila’ que no tienen los productores de otros países y por tanto no se va a producir la compra a ese precio de la empresa en origen al agricultor’.
‘Exigimos por tanto una rectificación del gobierno sobre este Real Decreto cuya aplicación es totalmente inviable y perjudicial para los agricultores, que tendrá como consecuencia la pérdida de renta agraria, aumento de costes y desperdicio de alimentos’, finalizaba Zamora.
Ecohal Andalucía, engloba a diecisiete empresas de comercialización, con una facturación de 900 millones de euros, que comercializan 1 millón y medio de toneladas de la producción de más de 10.000 agricultores y 15.000 hectáreas de cultivo de invernadero y subtropicales ubicadas en la Costa de Granada y Almería.
