Precios por debajo de los costes de producción, «abusos» de la distribución, «competencia desleal» de terceros países, agua suficiente y a un precio «razonable», medidas contra el despoblamiento rural y una reforma «justa» de la Política Agraria Común (PAC) son los principales problemas y reivindicaciones de esta protesta, según la convocatoria de estas tres organizaciones.
«Es la mayor crisis porque nunca antes la inmensa mayoría de los productos agrícolas y ganaderos están por debajo de los costes de producción», ha alertado el secretario general de UPA, Marcos Alarcón, quien ha augurado una manifestación «masiva y contundente», pero sin los incidentes generados en protestas similares en Extremadura y Jaén.
Para ello, las tres organizaciones se reunirán este lunes con sindicatos, comunidades de regantes y cooperativas, de forma que todos los agentes implicados apoyen una protesta cuyo recorrido no ha sido perfilado pero que, según los convocantes, discurrirá por sedes de las administraciones central y autonómica, a las que responsabilizan parcialmente de la situación.
Así, Asaja, Coag y UPA han reclamado al Gobierno central una reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria para ser más «exigentes» con «los que abusan», en referencia a las grandes distribuidoras, y una mayor control de las prácticas comerciales, al tiempo que han recordado que el Ejecutivo autonómico tiene las competencias en agricultura, ganadería y consumo.
Además, los representantes del sector han pedido, aunque no se puede fijar un precio mínimo por las normas de competencia, implantar medidas que permitan a los agricultores y ganaderos tener unos «ingresos mínimos» que les permitan hacer frente a los costes fijos de producción.
En este sentido, el presidente de Coag, Miguel Padilla, ha detallado que es «insoportable» que los precios que reciben de las grandes distribuidoras sean los mismos que los de hace doce o catorce años, mientras que los costes de producción se han incrementado un 30 por ciento los últimos tres años.
Al respecto, ha puesto como ejemplo de los «abusos» del mercado actual que esté vendiendo el kilo de brócoli a 28 céntimos de euros y el precio de venta al público en los hipermercados sea de más de dos euros el kilogramo. «Es indignante cómo nos asfixia algún eslabón de la cadena de distribución», ha apostillado.
Padilla ha concretado que la renta agraria ha sufrido la mayor caída en décadas en 2019, con una bajada del 9 por ciento, pero ha alertado de que 2020 puede ser un «desastre» para los pequeños y medianos productores, que viven un gran endeudamiento, al tiempo que ha augurado que se incrementarán los cierres y suspensiones de pagos de las grandes productoras.
De no revertirse esta crisis, ha previsto el dirigente de Coag, habrá una «reconversión tremenda» en las explotaciones agropecuarias de la región en los dos o tres próximos años.
Mientras, el secretario general de Asaja, Alfonso Gálvez, ha ahondado en que la situación actual «no es coyuntural» porque la mayoría de explotaciones «no son viables» por los bajos precios, que han agravado los problemas generados por los aranceles estadounidenses, el veto al mercado ruso y los efectos del Brexit.
Respecto a la incidencia de la subida del Salario Mínimo Interprofesional, Gálvez ha recordado que ha subido un 43% desde 2018, por lo que ha reclamado medidas compensatorias y bonificaciones fiscales, mientras que Padilla ha aclarado que no es la principal causa de la crisis en el campo, aunque «agrava un poquito más» la situación.
«No queremos no pagar un salario justo, pero es un disparate que haya otro aumento más en este contexto» ha concluido Padilla.
