Como informó Fenadismer el pasado mes de Diciembre, la Dirección General de Tráfico propone incluir en la Resolución de medidas especiales de regulación de tráfico de camiones para este año 2020, una nueva restricción a los camiones de más de 7’5 toneladas que se dirijan desde el centro de la península hacia el País Vasco y la frontera de Irún, estableciendo que un importante número de domingos y otros días del año los camiones deberán permanecer retenidos a la altura de Burgos, esto es, a más de 250 kilómetros de la frontera francesa, entre las 16 y las 21 horas.
En concreto, dicha propuesta de restricción se aplicaría tanto en la AP-1 como en la N-1 todos los domingos desde el 7 de junio hasta el 13 de septiembre, además de los domingos 22 de marzo, 3 de mayo, o los lunes 12 de octubre y 2 de noviembre y el martes 8 de diciembre.
Frente a dicha propuesta, Fenadismer ya transmitió en su día su rechazo absoluto ya que limitará de forma importante la actividad que los transportistas españoles desarrollan en los mercados europeos, que recordemos representan una tercera parte de la flota española, ya que la medida planteada supone hacerles perder competitividad en casi la mitad de una jornada diaria, y porque además originará innecesariamente una congestión de miles de camiones los domingos en las proximidades de la zona de Burgos, sin que existan áreas de estacionamiento y de servicio suficientes para absorber tal incremento de vehículos.
Sin embargo, lejos de reconsiderar su propuesta inicial, el Director General de Tráfico, Pere Navarro, ha tratado de justificar por escrito los motivos para adoptar tal restricción. Así, en la carta remitida esta semana a las organizaciones de transportistas, el Director General señala que “dichas restricciones son el resultado de un estudio muy meditado de un estudio pormenorizado sobre la problemática sobrevenida a raíz de la liberalización del peaje de la AP-1 en diciembre de 2018“. Así, según los datos que refleja el escrito, se ha producido un incremento en 2019 del 24´5 % del número de vehículos de todas las categorías que circulan por dicha vía ( en concreto, 52.087 vehículos más en todo el año), que antes utilizaban el tramo de la carretera nacional N-1 paralela a dicha vía de alta capacidad.
Pese a que tanto desde la DGT como desde el Ministerio de Fomento se han venido estableciendo políticas restrictivas a la circulación de los camiones por las carreteras nacionales, obligándoles en muchos casos a utilizar las autopistas de peaje por su mayor seguridad vial y la capacidad de la propia vía, previo pago eso sí del correspondiente peaje, sin embargo, ahora que la circulación por la autopista es gratuita, la DGT “culpa” a los transportistas de su utilización y de congestionar la autopista AP-1, sin atender al carácter de servicio público que los vehículos de transporte desarrollan.
Así, en la carta expresamente se manifiesta, sin ningún tipo de rubor, que según los resultados obtenidos “queda muy patente el aumento considerable de vehículos pesados durante las operaciones especiales fines de semana de verano”, pese a que sorprendentemente de los propios datos aportados por la DGT se constata que del número total de vehículos que han incrementado su circulación por la autopista, sólo una tercera parte corresponde a camiones, en concreto 18.612 camiones en todo el año, frente a los 52.087 vehículos totales de más que ha soportado la vía en el último año frente a 2018. Pese a ello, el escrito concluye la necesidad de establecer la restricción propuesta, señalando que “en base a los datos aportados se determina la necesidad de establecer medidas preventivas que mejoren la movilidad y seguridad vial en estos períodos conflictivos…”.
Ante dicha decisión, que supone un nuevo atropello al derecho fundamental a la libre circulación y al ejercicio de la actividad empresarial por parte de un sector esencial para el desarrollo de la actividad económica en nuestro país y en concreto para las exportaciones españolas, Fenadismer propondrá a las restantes organizaciones nacionales de transportistas acordar medidas de actuación de rechazo contra la aprobación de la nueva restricción propuesta.
