Fuentes de esta organización han asegurado que la aplicación del último alza del SMI supuso «un aumento de costes adicionales e incrementos salariales y de Seguridad Social de entre un 7 % y un 22 % a las empresas del sector hortofrutícola en todas las zonas de producción».
Según Fepex, esta circunstancia se tradujo en un recorte de márgenes porque «no fue posible trasladar esa subida a los precios de venta a la distribución», y un nuevo alza «agudizará esta situación y cuestionará el futuro de determinados cultivos de interés estratégico para España».
«El crecimiento de los costes salariales ha sido inasumible», han reiterado antes de avanzar que sus asociados sí que tienen una «posición favorable a mejorar los salarios de los trabajadores de forma gradual y acompasada con una mejora de la productividad».
De esta forma -han añadido- se evitaría «una drástica reducción de empleo, la desaparición de empresas y una fuerte pérdida de competitividad internacional».
Como ejemplo, han indicado que en el cultivo del tomate, el primero en volumen de la agricultura española y en el que la mano de obra supone el 45 % del coste de producción, esta campaña ha recortado un 20 % su superficie, mientras que los precios se han situado en los niveles más bajos de los cinco últimos años.
«Esta situación se agrava por la imposibilidad de repercutir el crecimiento de los costes en el precio de los productos a causa de la competencia de países terceros en los mismos calendarios», han sentenciado.
Fepex también ha hecho referencia al aumento del paro registrado en el sector agrario en 2019 -el hortofrutícola ha sido «el sector productivo que más ha sufrido dado su carácter intensivo en mano de obra»-, así como a la pérdida de horas de trabajo computadas como compensación a la subida aplicada.
A su juicio, la anterior subida del SMI también dificultó la negociación colectiva vigente en 2019 y ha provocado una mayor conflictividad judicial derivada principalmente por la aplicación de los complementos salariales en los convenios.
«Un nuevo aumento en 2020 tendría un impacto muy negativo sobre la viabilidad de determinados cultivos y explotaciones, así como sobre el empleo, ya que el conjunto del sector hortofrutícola se enfrenta a una situación crítica para mantener su sostenibilidad económica y social», han concluido.
