Así lo ha indicado en rueda de prensa el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, que ha señalado que en esa cifra, que aún se está consensuando con todas las consejerías y también con los diferentes ayuntamientos, incluye tanto obra pública como privada y viviendas.
Esa cantidad da la posibilidad al Estado de solicitar ayuda al Fondo de Contingencia Europeo, por lo que el consejero ha aprovechado para pedir al gobierno central que formule ya la solicitud y cumpla así con la palabra que Pedro Sánchez dio durante su visita a las zonas afectadas, cuando aseguró que no escatimaría recursos para atender a los damnificados.
El consejero ha recordado que es el Estado el que tiene las competencias para hacer frente a esos daños con sus fondos de contingencia, y no la comunidad autónoma.
Además, este miércoles se ha constituido un grupo de técnicos y expertos que diseñará medidas de prevención y contención de avenidas de cara a tener una mejor respuesta ante posibles episodios similares al vivido en los pasados días.
Además de técnicos de la comunidad autónoma, participan en ese grupo otros de la Confederación Hidrográfica del Segura, la Agencia Estatal de Meteorología, las universidades regionales y el Instituto Euromediterráneo del Agua.
En las próximas semanas trabajarán para hacer un estudio «riguroso» y «eminentemente práctico» sobre la actual situación de la comunidad autónoma en materia de inundaciones y avenidas para poder poner en marcha a corto, medio y largo plazo medidas urbanísticas, hidrológicas y de defensa no solo en los cauces del Segura y el Guadalentín, sino también en otras áreas como las cuencas interiores del Guadalentín o el Mar Menor, todo ello para dar soluciones a este tipo de episodios de lluvias torrenciales.
Díez de Revenga ha insistido en que no solo se trata de actuaciones de «obra dura», por ejemplo, de canalización y desvío de avenidas, sino también medidas legales, de limitación de la normativa urbanística o de prevención.
No obstante, ha insistido en que, «desde hace décadas», la legislación en materia urbanística prohíbe de manera tajante cualquier tipo de construcción en cauces y zonas de inundación peligrosa, por lo que ningún nuevo desarrollo urbanístico puede edificar viviendas en ese tipo de áreas.
En cuanto a las «zonas de inundación no peligrosa», se está avanzando cada vez más en determinar los usos que puede haber en ellas y en las regulaciones de los mismo.
En ese sentido van las modificaciones que se están trabajando en las directrices del litoral, que se encuentran en periodo de alegaciones y que permitirá adaptar esas directrices de construcción y urbanización al Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, aprobado en 2013, y que ya incluye esa prohibición de construir en cauces y zonas peligrosas.
Las directrices del litoral, de 2004, establecían un margen para construir de 100 metros a cada lado de los cauces, y la modificación actual pretende ajustar ese margen a la cartografía de 2013, puerto que en algunas zonas se debe ampliar esa área mientras que en otras no hay riesgo de inundaciones incluso en distancias menores.
Díez de Revenga ha señalado que en la actualidad está muy bien estudiado y determinado por dónde se inunda el territorio, por lo que el objetivo es que los nuevos desarrollos urbanísticos se adapten al máximo a esa realidad, manteniendo siempre las prohibiciones de construir en cauces y zonas de inundación peligrosa.
Por otra parte, el Gobierno regional ha abierto una línea de crédito dotada con 11 millones de euros para conceder préstamos de hasta 100.000 euros a pymes, autónomos y microempresas que hayan sufrido daños durante las inundaciones.
El consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, estima que unas 300 empresas podrán beneficiarse de esos créditos, que concederán diversas entidades bancarias con el respaldo del Instituto de Crédito y Finanzas (Icref) y de la sociedad de garantía recíproca Avalam.
En concreto, se han diseñado dos líneas de crédito, una específica para pymes, dotada con 10 millones de euros para créditos de hasta 100.000 euros, y una segunda para autónomos y microempresas, con un presupuesto total de un millón de euros que dará acceso a créditos de hasta 50.000 euros.
En ambos casos, el periodo de devolución será de cinco años con intereses al 1,5 y 1 por ciento respectivamente, dos años de carencia y sin gastos de apertura ni de estudios.
