Ambos han celebrado hoy una reunión de trabajo en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, donde la consejera andaluza ha garantizado que no van a «permitir que se juegue con el futuro de los agricultores», y ha considerado que «el agua es un bien común».
Crespo ha asegurado que la provincia murciana y la almeriense «son un ejemplo en el uso eficiente de los recursos hídricos».
Tanto la consejera andaluza como su homólogo murciano han mostrado su preocupación respecto al déficit hídrico y a la gestión del Trasvase Tajo-Segura, establecido por ley, y han afirmado que deben ser los técnicos quienes establezcan sus «condiciones y términos».
Así, el objetivo tanto para Crespo como para Luengo es llegar a un acuerdo con el Gobierno de la nación.
El trasvase Tajo-Segura afecta a unas 150.000 personas y a siete comunidades de regantes sólo en Almería.
Esto significa que 23.000 hectáreas de cultivos necesitan ese agua para garantizar el riego.
Hace unas semanas el Ministerio para la Transición Ecológica autorizó un nuevo trasvase de 20 hectómetros cúbicos para agosto desde los embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura.
Próximamente se desarrollará otra reunión Andalucía-Murcia, en la que estarán presentes tanto Juanma Moreno como Fernando López, presidentes de la Junta de Andalucía y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia.
En la reunión de esta mañana se ha tratado también sobre la desaladora de Carboneras (Almería), algo que se abordó igualmente a finales de julio en el encuentro que mantuvo la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible con Ministerio de Agricultura y sobre la que Crespo ha señalado «la necesidad de su ampliación».
Sobre la desaladora de Villaricos, destrozada por una riada hace siete años, Crespo ha dicho que es urgente reactivarla.
