Dicho salario, que es el más bajo del convenio colectivo del campo de la provincia de Huelva (2018-2020) y cuyo importe mensual es de 1.200 brutos al mes, «está en línea e, incluso, por encima que el que ofrecen otras zonas agrícolas de España y, es superior al salario mínimo interprofesional» y «hasta 6 veces mayor que el salario que, en el mejor de los casos, podrían percibir estas mujeres en su país».
Interfresa, a través de un comunicado, ha querido hacer esta precisión tras la emisión del programa «Salvados» del domingo pasado en La Sexta, en el que analizaba la situación laboral de las trabajadoras temporeras en el sector de los frutos rojos, al tiempo que ha aprovechado para poner en valor de los contratados en origen.
Desde la interprofesional consideran que el programa «no ha conseguido encontrar el drama que habían anunciado con declaraciones fuera de contexto», ya que durante el mismo «queda claro que las mujeres que participan en el contingente de contratación, lo hacen no sólo libremente, sino también por un profundo deseo de mejorar la situación económica que tienen en su país de origen, donde atraviesan grandes penalidades».
Interfresa es consciente de la importante labor que el colectivo de las trabajadoras inmigrantes desempeña en el sector de la fresa, un sector que supone el 8 % del PIB de Andalucia.
Por este motivo, los empresarios del sector, junto con todos los agentes implicados en la contratación de mano de obra en origen han venido haciendo durante estos años una importante labor para organizar la demanda de mano de obra destinada a las campañas agrícolas, a través de los contratos en origen, y supervisar el cumplimiento de sus derechos laborales.
Fruto de estos esfuerzos, ha recordado, el año pasado vio la luz el Prelsi (Plan de Responsabilidad Ética, Laboral y Social del Sector), un documento consensuado con todos los agentes implicados en el sector que demuestra la proactividad y la implicación del sector por proporcionar el mejor marco posible en el entorno laboral a los trabajadores contratados en origen.
Este Plan, al que ya se ha adherido el 86 % del sector, supone el cumplimiento de determinadas medidas encaminadas a prevenir situaciones de acoso de índole laboral o sexual y se establece una hoja de ruta para denunciar los casos en los que se detecten prácticas de este tipo.
