Según explicó ayer la consejera catalana Teresa Jordà, la producción de esa superficie alcanza unas 80.000 toneladas de fruta de hueso, volumen equivalente a lo que se dejó de exportar raíz del veto ruso, vigente desde agosto de 2014.
«La DARP se hace cargo de este plan en solitario, ante la negativa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a cofinanciarlo», afirma la Consejería en un comunicado.
El plan, en palabras de Jordà, «debe contribuir a eliminar variedades obsoletas y a favorecer la viabilidad futura de las explotaciones».
A su juicio, es «una medida estructural y menos costosa que si se tuviera que recurrir a una retirada extraordinaria, que tendría un coste anual estimado de entre 35 y 55 millones de euros».
A principios de año, consultaron a los fruticultores catalanes si acogerían a un plan de arranque y recibieron 800 peticiones, para cerca de 1.700 hectáreas.
«Con esta extensión se ha alcanzado el compromiso de una cifra cercana al 80 % de la superficie total a arrancar para el primero de los dos años en que el plan de arranque debería estar operativo», añaden desde la Consejería, que publicará en breve la convocatoria de las ayudas asociadas a este plan en régimen de minimis.
Desde la Asociación Empresarial de Fruta de Cataluña (Afrucat) han aplaudido en un comunicado la puesta en marcha de este plan, que servirá para eliminar producciones de «variedades antiguas que gustativamente no satisfacen al consumidor y reciben liquidaciones bajas».
Desde la federación de productores y exportadores hortofrutícolas Fepex -en la que participa Afrucat- han detallado que la ayuda prevista será de 5.000 euros por hectárea, con un máximo de tres hectáreas por solicitante.
Fepex ha recordado que el Plan de Medidas para la mejora del sector de la Fruta Dulce que el Ministerio presentó en abril de 2018 daba la posibilidad a las comunidades autónomas de aprobar planes para el arranque.
