El Ministerio para la Transición Ecológica descarta por el momento la aplicación de la Ley 1/2018, que contempla fijar un precio social de 0,30 euros/m3 para el agua desalada y desarrollar un ambicioso plan de optimización para aumentar la capacidad de desalación en el sureste español. A pesar de que la Ley 1/2018 entró en vigor el pasado 7 de marzo, ni la ministra Teresa Ribera ni el actual secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, han mostrado ningún interés en activar dicho precio social para favorecer la utilización del agua desalada en el riego agrícola.
En un reciente encuentro con regantes del sureste español, Hugo Morán se negó a responder a las preguntas acerca de la fecha de entrada en vigor del precio social del agua desalada fijado por ley, mientras que sus asesores informaron a los regantes que el Gobierno no va a subvencionar el precio del agua desalada “porque Europa no lo permite”. Sin embargo, la Ley 1/2018 establece en su disposición adicional cuarta que “el Gobierno habilitará los mecanismos de subvención necesarios a fin de que el precio del agua desalada para riego no exceda los 0,30 euros/m3”. El texto completo puede consultarse en el BOE.
La negativa del Ministerio para la Transición Ecológica a aplicar el precio social del agua desalada tiene estos días un claro ejemplo en torno a la utilización de agua procedente de la desaladora de Torrevieja gestionada por Acuamed, que a regantes murcianos y alicantinos les costará a 0,60 euros/m3, precio similar al que se paga en Almería y que es el doble de lo que fija la ley.
La Mesa del Agua de Almería considera que el Secretario de Estado de Medio Ambiente y la propia ministra Teresa Ribera están cometiendo una grave irresponsabilidad por no cumplir con lo establecido en la legislación vigente. “La misma ley que el PSOE apoyó con sus votos en el Parlamento ahora parece que no es válida para un gobierno socialista”, explica José Antonio Fernández,quien añade que “ni siquiera tienen la valentía de hablar claro a los regantes sobre la política que quieren hacer con el agua, solo siembran confusión”. Además, la Mesa del Agua entiende que el Gobierno comete una grave contradicción, ya que propugna el agua desalada como alternativa a los trasvases pero no hacen nada para facilitar que el agua desalada tenga un precio accesible a todos los regantes, especialmente para las pequeñas explotaciones familiares.
¿Almería es del Guadalquivir?
Por otra parte, la Mesa del Agua quiere manifestar públicamente su malestar por no haber sido recibida por el secretario de Estado de Medio Ambiente, al que se solicitó una reunión formal de trabajo el pasado mes de noviembre con el objetivo de darle a conocer de primera mano el déficit hídrico de la provincia de Almería, así como presentarle las propuestas de actuaciones necesarias para garantizar el agua que necesita el sector agroalimentario almeriense.
En respuesta escrita a nuestra petición, el Ministerio para la Transición Ecológica ha emplazado a la Mesa del Agua a una reunión con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, cuyas competencias en Almería se limitan solo a una pequeña zona geográfica en la comarca de los Vélez. “Es una profunda muestra de ignorancia y una falta de respeto que no vamos a olvidar, ya que los regantes de Almería nos sentimos completamente ninguneados por el ministerio que tiene las competencias en agua”, asegura Fernández Maldonado. La Mesa del Agua ya ha presentado una queja formal al subdelegado del Gobierno en Almería.
