Publicó un comunicado en el que precisa que esta cifra supone un aumento de 4.000 temporeras con respecto a la campaña de 2018, y añade que cuentan con repetir el contrato de más de 8.000 mujeres (pues la operación solo está abierta a mujeres).
Sin embargo, no hacen ninguna referencia a la abultada cifra de temporeras que en 2018 huyeron nada más llegar a España o poco después para convertirse en inmigrantes irregulares, y que según dijeron a Efe fuentes conocedoras del proceso fueron un mínimo de 2.500 mujeres.
Tampoco hace mención a los diversos escándalos denunciados por otras temporeras, ya fuera por acoso o agresión sexual o por las difíciles condiciones de habitabilidad en varias de las explotaciones freseras, todas ellos en la provincia sureña de Huelva.
Solo de forma indirecta el comunicado alude a que el objetivo de la nueva operación de contratación es garantizar «un trabajo decente» donde se cumplan ciertas «garantías en las selección, el alojamiento, las condiciones de trabajo y el seguimiento» de la operación, cuestiones todas consensuadas con «la parte española».
Una de las novedades es que las trabajadoras que participen en cuatro temporadas puedan acceder a una tarjeta española de residencia, lo que convertirá esta operación en un «modelo de la emigración circular».
