La Sociedad Rural Argentina, la Federación Agraria Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coniagro) celebraron un acto este martes para conmemorar el décimo aniversario del fin del severo enfrentamiento entre el sector agrario con el entonces gobierno de Cristina Fernández (2007-2015).
«Éramos el enemigo público número uno», aseguró en una entrevista previa con Efe el presidente de CRA, Dardo Chiesa, al recordar el conflicto que estalló en marzo de 2008, cuando el Ejecutivo publicó una resolución con un nuevo y complejo esquema de impuestos a las exportaciones de granos.
La medida fue rechazada por el campo con cinco huelgas comerciales y bloqueos de carreteras en todo el país, que derivaron en desabastecimiento de alimentos e insumos, y finalmente fue anulada en el Senado el 17 de julio de 2018, con el voto de desempate del vicepresidente del país, Julio Cobos, lo que supuso un duro golpe para el kirchnerismo.
Chiesa destacó que el agropecuario era «un sector más» hasta ese momento, pero, a partir de la resolución, la sociedad «entendió que Argentina es agroindustrial, que vive del campo, que nació del campo y que nunca va a andar bien si al campo no le va bien».
Aunque celebró que el Gobierno actual tiene una política de «puertas abiertas» con el sector, señaló que afrontan otro problema después de que, tras otorgarle un préstamo de 50.000 millones de dólares al país austral, el FMI recomendase paralizar la reducción gradual de retenciones a exportaciones de soja implementada por Mauricio Macri tras su llegada al poder, a finales de 2015.
En ese sentido, el dirigente rural lamentó que algunos funcionarios y legisladores de la oposición estén debatiendo esta posibilidad porque, a su juicio, «tendría un efecto devastador sobre una Argentina que esta pro-exportadora».
Además, consideró que «sería una señal muy mala» porque supondría un cambio en las «reglas de juego» por segunda vez en menos de tres años de gestión.
Con él coincidió quien fuera presidente de la Federación Agraria Argentina en 2008, Eduardo Buzzi, quien calificó de «completamente anormal» la recomendación del FMI y agregó que el organismo «no es la verdad relevada en el Monte (Sinaí) a Moisés».
«Lo que nosotros le estamos pidiendo al presidente es que no rompa el contrato político que tiene con los productores», insistió Buzzi en declaraciones a Efe antes de apuntar que no cree que Macri «sea tan torpe».
En el acto, además de los dirigentes actuales y de 2008 de las cuatro patronales, estuvieron presentes numerosos medios de comunicación y funcionarios, ciudadanos, productores y otros referentes de ese conflicto.
Después de que se leyera una carta de Cobos en la que este consideró al campo el «pilar fundamental para el desarrollo» del país, Luciano Miguens, presidente de la Sociedad RuralArgentina en aquel momento, insistió en que, en los últimos tres años, el campo dio «muestras enormes» de que la reducción a las retenciones se compensa con «el aumento de la productividad».
Tanto él como el resto de dirigentes destacaron el papel fundamental que tuvieron los productores agropecuarios en aquellas protestas y celebraron la «unidad» que se generó desde entonces entre cuatro entidades muy diferentes.
