En una entrevista con Efe, el ministro de Empleo, Mohamed Yatim, añadió que quiere negociar con el Gobierno español un aumento en el contingente de temporeras hasta las 18.000 para la campaña de 2019, 3.000 más que este año, en el que la cifra de 15.000 ya constituyó un récord histórico.
Yatim se esforzó una y otra vez en minimizar los casos de agresiones o acoso sexual sufridos por las temporeras -los cifró en doce, con siete implicados, cuatro de ellos marroquíes y tres españoles, y solo dos detenidos-, y recalcó que su Gobierno «confía en las autoridades españolas, su sociedad civil y sus instituciones: no es un país donde se permite cualquier cosa».
«Sabemos que la ley española es intransigente tanto con la agresión como con el acoso sexual, por eso nos sentimos tranquilos (y además) la Justicia española es independiente y es imposible que se someta a la influencia de cualquier parte que sea», dijo.
Sin embargo, el ministro pasó de puntillas sobre las condiciones de vida de muchas temporeras: según un informe interno del Gobierno marroquí redactado tras el envío de dos misiones de control a los campos de Huelva y al que tuvo acceso Efe, las temporeras contratadas en explotaciones pequeñas sufren de condiciones deficientes de vivienda y trabajo.
Así, algunas viven en barracones prefabricados sin ventilación, otras sufren cortes de agua y luz por sus empleadores durante muchas horas para no gastar y las hay que tienen que pagar 2 euros diarios por su alojamiento; la mayoría, en general, se quejan de que se las contrata solo en días alternos, estando el resto del tiempo desocupadas.
Yatim sólo admitió que «hay aspectos que requieren una mejora, como las condiciones de vivienda», y subrayó que una de las más importantes en el futuro debe ser la inclusión de «acompañantes» o mediadores entre las mujeres (que en su mayoría no hablan español) y sus empleadores.
También reconoció que una operación de este calado (15.000 temporeras contratadas en unas pocas semanas) habría necesitado más tiempo de preparación para prevenir los problemas nacidos, entre otras cosas, de las estrictas exigencias de contrato: solo podían ser mujeres, casadas, de entre 20 y 40 años y con hijos a su cargo menores de 14 años.
Sin embargo, la premura de la contratación hizo que esas condiciones no se respetaran y que fueran contratadas muchas mujeres que no reunían esos requisitos.
Desde que estallaron los escándalos por denuncias sexuales, la polémica se trasladó inmediatamente a Marruecos y el propio ministro Yatim, del Partido Justicia y Desarrollo (PJD, islamista) ha estado en el centro de todas las críticas, tanto en los medios de comunicación como en el mismo parlamento, donde tuvo que comparecer el martes para dar explicaciones.
Yatim, procedente del sindicalismo islámico, es uno de los últimos ministros llegados al Gobierno -formado por cinco partidos- y ha sido el único que ha resultado salpicado por la polémica de las temporeras, pese a que también otros ministerios (Emigración o Exteriores) han estado implicados en la operación.
Otro tema que Yatim trató de evitar en la entrevista fue el de las fugas. Según una estimación de los propios empresarios que maneja la administración española, alrededor de 2.000 mujeres han huido y desaparecido una vez alcanzado el territorio español, en gran parte nada más llegar su barco al puerto, perdiendo derecho al visado y convirtiéndose en inmigrantes irregulares.
Yatim confirmó que hubo evasiones y negó que fueran 2.000, aunque no quiso ofrecer una cifra alternativa, alegando que es pronto para conocer su número total y que hay que esperar hasta la finalización total de la temporada.
Por último, y en referencia a las denuncias sobre posibles expulsiones o rescisiones de contrato a las temporeras que hubieran denunciado a sus empleadores, Yatim dijo «no tener constancia», pero prometió investigar los posibles casos y, en caso de ser cierto, excluir a esos empresarios de futuras contrataciones similares
