Un agricultor ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal num. 1 de Huelva por explotar sin autorización, reproducir y multiplicar la variedad de arándanos Snowchaser, cuya propiedad intelectual pertenece a la Universidad de Florida y se encuentra licenciada a la empresa Rústicas del Guadalquivir. Este agricultor, que no tendrá que cumplir los seis meses de prisión a los que también ha sido condenado, había obtenido material vegetal de la citada variedad de origen desconocido y procedido a su reproducción y multiplicación hasta conformar una plantación destinada a la producción. En la sentencia se considera probada la comisión de un delito contra la propiedad industrial, tipificado en el artículo 274.3 del Código Penal.
Este procedimiento judicial se inició por la denuncia presentada por Gestión de Licencias Vegetales (Geslive) ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva. Responsables de Geslive y Rústicas del Guadalquivir han señalado que “están obligados a permanecer vigilantes vigilancia y proactivas para denunciar ante las autoridades cualquier fraude que suponga una infracción a los derechos de propiedad intelectual, conscientes de que el respeto a la normativa legal es responsabilidad de todos y una condición imprescindible para que el sector pueda fortalecer su credibilidad y ser más competitivo”.
Con esta son ya cuatro las sentencias condenatorias en la provincia de Huelva por la multiplicación ilegal de arándanos, prácticas sobre la que actualmente están en marcha, además, varios procedimientos judiciales en la provincia a resultas de diferentes intervenciones del SEPRONA.
El pirateo de plantas, una “crítica amenaza” para el conjunto del sector
Prueba de que la reproducción ilegal de variedades vegetales está siendo “crítica” es que el 53% de los viveros inspeccionados por las autoridades policiales en 2016, trabajaba de forma clandestina, sin autorización para reproducir variedades protegidas. Por eso, la dirección de Geslive recuerda que “la reproducción y producción no autorizada de variedades vegetales protegidas de fruta es un delito penado por la ley como evidencia esta sentencia y constituye, además, un grave problema en las zonas frutícolas españolas como es el caso de la provincia de Huelva”. Este fraude masivo tiene graves consecuencias no sólo para los obtentores de nuevas variedades vegetales, “a los que se están causando pérdidas multimillonarias cada año, sino también para todo el sector, pues supone una competencia desleal para la mayor parte de los productores que se esfuerza responsablemente por respetar la ley”.
Además –apunta Geslive– el material vegetal producido clandestinamente al margen del sistema oficial de control y certificación “perjudica a todo el sector y a la imagen de la producción española en el extranjero, pues no ofrece garantía alguna de que pertenezca verdaderamente a la variedad que se indica, ni acerca de su pureza varietal o de sus condiciones fitosanitarias”.
El mercado obtentor español, con 600 millones de euros, es el tercero más importante de Europa y el decimotercero mundial. Y en lo que se refiere a la multiplicación irregular o ilícita de variedades protegidas o el empleo de granos para siembra sin aplicar derechos de propiedad intelectual supone, sólo en España, más de 100 millones de pérdidas al año para el sector obtentor, que está seriamente preocupado por una situación que considera “crítica”.
Geslive
GESLIVE es una empresa que presta servicios profesionales de gestión, inspección, asistencia técnica, consultoría y asesoramiento y defensa jurídica a los obtentores y titulares de derechos de propiedad industrial sobre variedades vegetales. Filial de la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (ANOVE), desarrolla su actividad de forma neutral e independiente, sin ánimo de lucro para sí misma, y en interés exclusivo de sus socios y clientes, compatibilizando un control riguroso y adecuado con la más estricta confidencialidad.
A lo largo de 2016, Geslive promovió un total de 75 inspecciones a productores de viveros, en las que se tomaron 165 muestras vegetales de diversas especies. El 53% de los viveros inspeccionados resultó no contar con autorización legal para poder reproducir variedades protegidas; el 35% están pendientes de resultados analíticos y solo en el 12% no se constataron prácticas irregulares.
