Según la Fiscalía, Maggi participó en 2009 en una trama de compra y venta de plazas en el Tribunal de Cuentas del estado de Mato Grosso (centro-oeste), del que era gobernador en la época.
En la denuncia, la Fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, aseguró que hay indicios de que el grupo integrado por Maggi pagó un soborno millonario para que un miembro del Tribunal de Cuentas solicitara su jubilación.
De esa forma, el grupo garantizaría que una persona afín a los intereses del Gobierno regional asumiera dicha plaza.
La fiscal también solicitó que, además del cumplimiento de las penas establecidas por el Código Penal, el actual ministro de Agricultura pierda su función pública y devuelva a los cofres públicos 4 millones de reales (unos 1,14 millones de dólares).
La denuncia deberá ser analizada ahora por el Tribunal Supremo, que analiza los procesos de los políticos con foro privilegiado, como es el caso de Maggi.
Maggi fue gobernador de Mato Grosso entre 2003 y 2010, posteriormente asumió una plaza como senador y en 2016, con la llegada del presidente Michel Temer al poder, tomó la cartera de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento.
Maggi, uno de los empresarios agrícolas más ricos del país, sobre todo en el sector de soja, también es investigado en el marco del caso Petrobras bajo la presunción de que recibió dinero de la corrupción para financiar la campaña que llevó a su reelección como gobernador en 2006.
El ministro anunció a principios de año que dejaría el cargo para aspirar a la reelección como senador, pero finalmente desistió de la idea y permaneció en el Gobierno de Temer, cuyo mandato finaliza el 1 de enero de 2019.
