La mejora del uso del agua, el consenso entre los principales afectados, la implicación de todas las administraciones y la corresponsabilidad de los agentes públicos y privados, han sido las propuestas del consejero para el sector agrícola almeriense, que con más de 2.300 millones en producción supone más del 20% del total de Andalucía, aporta el 40 % del PIB almeriense y generado 110.000 empleos entre directos e indirectos.
Tras destacar la implicación de la Junta de Andalucía, ha exigido al Gobierno que «asuma sus competencias y realice las inversiones que necesita la provincia y que están en el ámbito de las competencias del Ministerio de Agricultura».
En este sentido, la Junta ha solicitado del Ministerio que rebaje el precio del agua desalada, cuya regulación deber abordarse «sin dilaciones, garantizando un trato más justo e igualitario en las reducciones del precio, rechazando rebajas a la carta e impidiendo decisiones que antepongan intereses partidistas que enfrentan a los distintos territorios».
También ha pedido que se potencie el uso de las desaladoras y para ello, el Estado debe finalizar las construcciones de las infraestructuras previstas y poner a plena capacidad las que están en funcionamiento.
